El Gobierno de Canarias ha asegurado que no existe riesgo de pérdida de fondos en 2026 destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al implantar un modelo de gestión más estricto centrado en la planificación, el control técnico y el seguimiento continuo.

“No existe riesgo de pérdida de fondos en 2026 por inacción, sino un modelo consolidado que prioriza la planificación previa, el control técnico y el seguimiento continuo. El objetivo es claro: garantizar que cada euro se destine eficazmente a prevenir la violencia machista, proteger a las víctimas y fortalecer los recursos disponibles para las mujeres y sus hijos e hijas”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

Durante su intervención en la comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, Delgado explicó que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un sistema basado en “más planificación, más control, más trazabilidad y más coordinación”, con el fin de asegurar una correcta ejecución de los fondos.

Entre las medidas adoptadas figura un sistema de control previo que establece desde el inicio las condiciones de ejecución y justificación de los recursos, mediante un documento que delimita qué actuaciones son financiables, cómo deben desarrollarse y bajo qué criterios deben justificarse, con el objetivo de evitar incidencias al cierre del ejercicio.

Asimismo, la consejera destacó el refuerzo de la coordinación técnica con el Ministerio y la incorporación de un nuevo aplicativo estatal para la gestión de fondos, lo que facilita la tramitación y reduce la improvisación en los proyectos.

En paralelo, se está aplicando una revisión estricta de las iniciativas mediante plantillas homogéneas de evaluación técnica y económica, priorizando el impacto real, la elegibilidad del gasto y la sostenibilidad. Este proceso se adapta al nuevo Pacto de Estado, que incorpora 461 medidas y amplía su alcance a ámbitos como la violencia vicaria, económica y digital, además de reforzar la atención a colectivos específicos.

“Otra de las claves del nuevo modelo es la implantación de hitos trimestrales de ejecución y justificación parcial, que permiten un seguimiento continuo y evitan la concentración de carga administrativa al final del ejercicio. A esto se suma la creación de una comisión de seguimiento económico que coordina al Instituto Canario de Igualdad con los órganos de intervención, tesorería y planificación, reforzando el control interno y la trazabilidad financiera”, señaló Delgado.

La consejera también subrayó que más de medio centenar de proyectos iniciados en 2025 continuarán ejecutándose en 2026 sin pérdida de financiación, pese al retraso en la transferencia estatal, lo que ha permitido mantener la red de atención sin interrupciones.

En este sentido, indicó que los recursos esenciales han seguido funcionando con normalidad gracias a financiación autonómica y convenios específicos, incluyendo centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, recursos de acogida, atención psicológica, jurídica y social, puntos de encuentro familiar y programas de prevención.

Además, recordó que en la última Conferencia Sectorial de Igualdad se aprobó una asignación de 10.204.378,15 euros para este año, de los cuales 9.236.454,63 euros corresponden a fondos del Pacto de Estado, complementados con partidas destinadas a asistencia integral, atención a menores y apoyo a víctimas de agresiones sexuales.

“Este año partimos de una financiación ya definida y de un marco de actuación claro, lo que permite centrar los esfuerzos en asegurar una ejecución eficaz y ajustada a los objetivos del Pacto”, indicó.

Finalmente, Delgado apuntó que el principal reto no ha sido la falta de proyectos, sino la correcta justificación administrativa de los fondos en la anterior legislatura, requisito necesario para garantizar nuevas transferencias estatales, y destacó que tras la validación de las anualidades de 2023 y 2024 el sistema ha sido corregido y reforzado.