La asociación canaria refuerza en Barcelona su coordinación con entidades de otras comunidades y reclama que los límites al alquiler vacacional sean proporcionales y estén respaldados por datos.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) reclama que las políticas públicas concentren sus esfuerzos en aumentar la oferta residencial y abordar las causas estructurales de las dificultades de acceso a la vivienda. La entidad ha compartido esta posición en un encuentro celebrado en Barcelona con asociaciones de distintas comunidades autónomas, en el que el sector ha cuestionado que las restricciones a su actividad constituyan la respuesta principal a la crisis habitacional.

La reunión, organizada por la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), contó con representantes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Madrid, además de entidades de Barcelona, Girona y Tarragona. Las organizaciones analizaron los cambios regulatorios y reforzaron su coordinación para defender la seguridad jurídica de propietarios y operadores.

Según recoge ASCAV en un comunicado, las asociaciones consideran que cualquier limitación debe estar debidamente justificada, ser proporcional y apoyarse en evidencias contrastables. También reclaman que las regulaciones atiendan a las particularidades de cada territorio y eviten diagnósticos generalistas sobre el impacto de las viviendas de uso turístico.

Las entidades pidieron a las administraciones que dejen de «estigmatizar» esta modalidad de alojamiento. Defienden que contribuye a diversificar la oferta turística y responde a las necesidades de numerosos visitantes, especialmente del turismo familiar. Asimismo, cuestionan que se atribuyan responsabilidades al sector en la crisis residencial sin aportar, a su juicio, pruebas suficientes sobre su incidencia directa.

El encuentro también abordó las iniciativas europeas sobre vivienda. Las asociaciones consideran que la propuesta legislativa de la Comisión Europea concede un protagonismo desproporcionado a las posibles restricciones sobre los alquileres de corta duración. Según su valoración, ese enfoque desplaza otras prioridades, como la construcción, la rehabilitación y la simplificación administrativa.

Frente a ello, proponen reducir las cargas burocráticas y fiscales, facilitar suelo para construir vivienda pública e introducir incentivos que permitan incorporar inmuebles vacíos al mercado residencial. También plantean establecer mecanismos de control y garantías para las administraciones que decidan limitar el alquiler de corta duración, evaluando las actuaciones adoptadas para mejorar la asequibilidad y ampliar la oferta.

Las organizaciones expresaron su preocupación por las dificultades que afrontan quienes buscan vivienda y su solidaridad con las personas afectadas. Su reclamación es que las medidas públicas incrementen de manera efectiva la disponibilidad de hogares, con participación de las administraciones y colaboración público-privada.