El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad la convalidación del decreto-ley de medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán, aunque descartó su tramitación como proyecto de ley, como habían solicitado el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista.

El paquete de medidas, impulsado por el Gobierno de Canarias, tiene un coste estimado de 29,8 millones de euros —de los que unos 15 millones son aportados por el Estado— y podría alcanzar los 60 millones anuales si se prolonga el conflicto.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, explicó que el decreto responde a que Canarias quedó “al margen” de las medidas estatales, subrayando que el archipiélago es especialmente vulnerable por su lejanía y dependencia del transporte. Además, advirtió de que la caída de la recaudación tributaria tendrá impacto en el sistema de financiación autonómica.

Entre las iniciativas aprobadas destacan la rebaja del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, el aumento de la devolución del impuesto a agricultores y transportistas del 67% al 99%, así como la aplicación del tipo cero a productos básicos como la sal, la mantequilla y el café. También se amplía el límite del régimen especial para pequeños empresarios y se contemplan ayudas directas de 7,2 millones para sectores como el primario o el industrial.

Pese al respaldo unánime, varios grupos criticaron el alcance del decreto. El portavoz de NC-bc, Luis Campos, aseguró que “lo más relevante” es “lo que no está” y lamentó la falta de medidas dirigidas a las familias: “No se han esmerado demasiado”. En esta línea, reclamó incrementar la renta de ciudadanía y activar ayudas en vivienda y educación.

Desde el Grupo Socialista, Sebastián Franquis consideró que el decreto llega “tarde, mal” y con escasa “sensibilidad social”, criticando además que muchas de las rebajas fiscales ya estaban en vigor. También cuestionó la actuación del vicepresidente Manuel Domínguez.

En cambio, el diputado del Partido Popular Fernando Enseñat defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico y cargó contra el Estado por el “abandono” hacia Canarias. “Todo lo pone Canarias”, afirmó, criticando la insuficiencia de la aportación estatal.

Otros grupos también fijaron posición. Raúl Acosta (Grupo Mixto) señaló que las medidas son una “primera respuesta” ante unos efectos que ya se notan en transporte, turismo y economía doméstica. Jesús Ramos (ASG) valoró el decreto como un “alivio” para un territorio “frágil”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, advirtió de que el decreto es “temporal” y no aborda problemas estructurales, reclamando reformas más profundas y una revisión del modelo energético.