Tres empresas españolas quedaron fuera del concurso inicial y la operación terminó en manos de Auto Hall, una compañía marroquí relacionada con la familia real alauí. La adquisición, financiada con fondos europeos y gestionada desde Exteriores, tiene como destino el Ministerio del Interior de Marruecos.
El Gobierno de España adjudicó un contrato de 771.000 euros para la adquisición de doce ambulancias destinadas a Marruecos a una empresa vinculada a familiares del rey Mohamed VI, después de que un primer concurso público al que concurrieron tres compañías españolas quedara desierto.
La operación, adelantada por el periódico The Objective, fue gestionada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), entidad pública vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el marco de los programas europeos de cooperación para el control de la inmigración irregular.
El procedimiento comenzó con una licitación abierta para la adquisición de diez ambulancias, valorada inicialmente en 850.000 euros. A ella concurrieron tres empresas españolas: Euro Gaza Emergencias, TSD e Iturri. Sin embargo, la mesa de contratación determinó que ninguna de las ofertas cumplía suficientemente los requisitos establecidos, por lo que el concurso terminó sin adjudicatario.
Posteriormente, la fundación pública recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad, al que únicamente concurrió la empresa marroquí Auto Hall. Finalmente, el contrato se adjudicó por 637.200 euros antes de impuestos, aproximadamente 771.000 euros con IVA, para el suministro de doce ambulancias.
La controversia surge por la estructura accionarial de la compañía adjudicataria. Auto Hall está participada mayoritariamente por Société Amana, sociedad representada por Moulay Souleimane Cherkaoui, primo hermano del monarca Mohamed VI. Otro familiar del rey, Moulay Omar Cherkaoui, también figura vinculado a los órganos de administración de la compañía.
La adjudicación se produjo en julio de 2025 y el contrato quedó formalizado en septiembre de ese mismo año, dentro de las actuaciones financiadas por la Unión Europea para reforzar las capacidades operativas de las autoridades marroquíes en materia de seguridad y control fronterizo.
Aunque la utilización de un procedimiento negociado sin publicidad está contemplada legalmente bajo determinadas condiciones, la operación vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de contratación y el destino de los recursos europeos canalizados hacia Marruecos.
El contraste con Canarias añade una dimensión política al asunto. Mientras el archipiélago continúa afrontando las consecuencias de la presión migratoria en la ruta atlántica, España y la Unión Europea mantienen sus programas de financiación y suministro de equipamiento a las autoridades marroquíes.
En este caso, las doce ambulancias adquiridas no tienen como destino Canarias, sino el Ministerio del Interior de Marruecos, que figura como beneficiario de la operación. El expediente establece su entrega en territorio marroquí.
La adjudicación se suma a otros programas de cooperación mediante los cuales se han destinado vehículos, equipamiento y recursos materiales a las fuerzas de seguridad del país vecino para reforzar el control de sus fronteras.
La cuestión de fondo no es únicamente el importe de las ambulancias, sino que una contratación financiada con dinero europeo y gestionada por una entidad pública española haya terminado en manos de una compañía vinculada a la familia del monarca marroquí, después de que tres empresas españolas quedaran fuera del procedimiento inicial.
Un episodio que vuelve a situar bajo escrutinio la política de cooperación con Rabat, la transparencia de las adjudicaciones y el reparto de los recursos destinados a afrontar el desafío migratorio en la frontera sur de Europa