La tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (LOSUTV) entra este jueves en una fase decisiva en el Parlamento de Canarias. Las enmiendas al texto serán debatidas en una ponencia a puerta cerrada y una propuesta presentada en solitario por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se ha convertido en el principal foco de atención del sector de la vivienda vacacional.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) sostiene que esta enmienda podría resultar clave para garantizar la continuidad de miles de pequeños propietarios y gestores locales que se dieron de alta en el Registro Turístico antes de la entrada en vigor de la ley.
Según ASCAV, la modificación permitiría declarar la actividad de vivienda vacacional como “inocua” para esos pequeños propietarios, poniendo fin a la incertidumbre jurídica generada tras la aprobación de la LOSUTV.
La asociación advierte además de que el voto del diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ) podría ser determinante, especialmente por el impacto que tendría la aplicación de la normativa en El Hierro, donde aseguran que la vivienda vacacional representa una parte esencial de la oferta alojativa de la isla. ASCAV cifra en 406 las viviendas vacacionales registradas en la isla, con unas 1.598 plazas turísticas.
La organización también critica la estrategia del Gobierno de Canarias, al considerar que traslada la responsabilidad a los ayuntamientos mediante futuras ordenanzas municipales y modificaciones pendientes de la Ley de Actividades Clasificadas.
En el comunicado difundido este miércoles, ASCAV acusa además al Ejecutivo autonómico de favorecer indirectamente a grandes tenedores y fondos de inversión frente a los pequeños propietarios particulares.
El debate parlamentario se produce en un clima de fuerte tensión política y social sobre el futuro del modelo turístico y residencial del Archipiélago, con posiciones enfrentadas entre quienes defienden limitar la expansión de la vivienda vacacional y quienes consideran que la nueva regulación pone en riesgo a miles de familias y pequeños negocios locales.