El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para blindar las ayudas complementarias a las pensiones no contributivas en el Archipiélago y evitar así un conflicto jurídico que amenazaba con terminar en el Tribunal Constitucional. El pacto, cerrado en la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones, permitirá modificar varios apartados de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2026 y garantizar que los pensionistas no pierdan prestaciones por incompatibilidades legales.

La clave del entendimiento reside en el complemento autonómico impulsado por el Ejecutivo canario para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Hasta ahora existía el riesgo de que esa ayuda adicional computara como renta y provocara una reducción de la pensión estatal no contributiva si se superaban determinados límites fijados por el Estado.

Con el nuevo acuerdo, ambas administraciones fijan un encaje jurídico que permitirá mantener las ayudas sin perjudicar a los beneficiarios. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió el pacto como fruto del “diálogo permanente” entre Canarias y el Estado y aseguró que la prioridad era ofrecer “seguridad jurídica” a miles de pensionistas canarios.

El acuerdo también evita la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra parte de los Presupuestos autonómicos y rebaja la tensión institucional abierta en las últimas semanas entre Madrid y el Ejecutivo regional por la aplicación de estas ayudas sociales.