El último informe del Departamento de Seguridad Nacional advierte de un aumento de la presión del crimen organizado sobre las fronteras marítimas españolas, especialmente en el arco Canarias-Atlántico y el Estrecho de Gibraltar, donde detecta una “vulnerabilidad creciente” vinculada tanto al narcotráfico como al tráfico de seres humanos.

El documento señala que las organizaciones criminales están reutilizando infraestructuras tradicionalmente empleadas para el transporte de droga —como rutas marítimas, lanchas rápidas y redes logísticas— para favorecer también la inmigración ilegal, un fenómeno que complica la labor de vigilancia y control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Armada.

Entre los datos recogidos en el informe destaca la detección de más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’ sospechosas de participar en actividades ilícitas. El despliegue ha sido monitorizado por el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, que observa una expansión progresiva de estas rutas más allá del Estrecho hacia el oeste peninsular y el arco mediterráneo.

El análisis apunta además a una reactivación en 2025 de la ruta del hachís procedente de Marruecos, después de un descenso de actividad registrado durante 2023 y 2024. La presión policial en zonas como el Guadalquivir habría desplazado parte de la actividad hacia Huelva y el Algarve portugués, donde las mafias buscan puntos menos vigilados para los alijos.

No obstante, el informe advierte de que las embarcaciones utilizadas por estas redes han ampliado considerablemente su radio de acción, detectándose llegadas incluso a las costas del sur de Francia e Italia, lo que evidencia una mayor capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales.

El documento también refleja una creciente agresividad de los narcotraficantes frente a las fuerzas de seguridad. Según el DSN, las mafias no dudan en embestir embarcaciones oficiales o vehículos terrestres cuando perciben riesgo de perder la carga, una práctica que ya ha provocado víctimas mortales entre agentes de seguridad en España y Portugal.

Otra de las principales preocupaciones recogidas en el informe es la presencia de armas de guerra en manos de estas organizaciones. Aunque el número de incidentes violentos no se ha disparado, el DSN alerta de que la “capacidad ofensiva” de los grupos criminales ha aumentado notablemente en los últimos años.