El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación para resolver las discrepancias surgidas sobre varios artículos de la Ley 9/2025 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, evitando así un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El pacto, suscrito por el ministro Ángel Víctor Torres, establece que el Ejecutivo autonómico modificará determinados apartados de la norma tras las objeciones planteadas por el Estado por posibles conflictos competenciales.

Según lo acordado, el Gobierno canario promoverá la supresión del apartado 4 del artículo 56 y del apartado cuatro de la disposición final sexta de la ley presupuestaria autonómica.

Ambas administraciones también han consensuado aplicar la disposición adicional afectada conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas.

El acuerdo garantizará seguridad jurídica a los beneficiarios de estas prestaciones en Canarias, especialmente para asegurar que puedan percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria. Sin la modificación pactada, existía el riesgo de que determinadas ayudas superaran el límite anual fijado en los Presupuestos Generales del Estado y no pudieran abonarse íntegramente.