El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reclamado formalmente al Gobierno de Canarias que inspeccione y cierre las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales detectadas en el archipiélago durante el último año, después de que el Tribunal Supremo anulara el registro estatal de arrendamientos de corta duración.

En una carta remitida al consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, la ministra Isabel Rodríguez sostiene que esas viviendas “podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”.

La titular de Vivienda responde así a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de mayo, que declaró nulo el procedimiento del registro único estatal para viviendas turísticas, de temporada y alquiler de habitaciones anunciadas en plataformas digitales al considerar que el Estado invadía competencias autonómicas.

Lejos de interpretar el fallo como un revés político, la ministra utiliza la resolución judicial para reforzar su presión sobre las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, advierte de que el breve periodo de aplicación del registro “ha demostrado por la vía de los hechos que la labor realizada desde su gobierno en esta materia que es de su competencia es insuficiente, cuando no inexistente”.

Rodríguez vincula además la proliferación de viviendas turísticas ilegales con la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago y recuerda las reivindicaciones del Ejecutivo canario ante la Unión Europea para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. “No podemos ir al Parlamento Nacional o a Europa a reivindicar unas medidas muy necesarias y contundentes, si por otro lado tenemos una vía de escape que limita en gran medida su efecto”, señala en la carta.

Canarias figura como la cuarta comunidad autónoma con más viviendas turísticas ilegales detectadas, solo por detrás de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Según los datos trasladados por el Ministerio, se han localizado unas 27.000 en Andalucía, 25.000 en Madrid y 15.000 en la Comunidad Valenciana, frente a las 14.200 registradas en el archipiélago.

La carta remitida al Ejecutivo autonómico forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por el Ministerio de Vivienda, que ha enviado escritos similares a distintas comunidades autónomas para exigirles que asuman las labores de inspección, sanción y clausura de los alojamientos irregulares tras la anulación del registro estatal.

En los documentos dirigidos especialmente a comunidades gobernadas por el PP o con su apoyo parlamentario, la ministra reclama que “tomen el camino correcto” y les reprocha haber desarrollado hasta ahora una labor “insuficiente, cuando no inexistente” frente al fraude vinculado a los alquileres turísticos.

Asimismo, el Ministerio advierte de que permanecerá “muy vigilante” respecto a las actuaciones que adopten los gobiernos autonómicos para frenar este fenómeno y garantizar el acceso a la vivienda.

En contraste, Rodríguez elogia la actuación de otras comunidades gobernadas por el PSOE o con apoyo socialista, a las que define como “un faro de inspiración” por haber priorizado, según afirma, “el interés de la ciudadanía frente a intereses privados y económicos”.