El debate sobre la financiación del sistema de dependencia en Canarias se ha intensificado tras el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que ha sido utilizado por el PSOE para cuestionar la versión del Gobierno autonómico sobre un supuesto recorte de fondos estatales.
La secretaria de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSOE Canarias, Marta Arocha, aseguró que el documento “desmonta definitivamente el falso relato del Gobierno de Canarias sobre un supuesto recorte de la financiación estatal”, en referencia a la denuncia realizada semanas atrás por el Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, que alertaba de una reducción de 12,4 millones de euros.
Según la dirigente socialista, el informe evidencia lo contrario y confirma un incremento significativo de la financiación estatal. En concreto, señaló que los fondos del nivel adicional pasarán de 22,99 millones de euros en 2025 a 39,09 millones en 2026, lo que supone un aumento de 16,1 millones.
Arocha defendió que este crecimiento demuestra que no existe recorte alguno y que, por el contrario, Canarias será una de las comunidades donde más aumente la aportación del Estado. “No solo no hay recortes, sino que Canarias será la comunidad donde más aumentará la financiación acordada por parte del Estado”, afirmó.
La representante socialista consideró que el Gobierno autonómico está utilizando al Estado como argumento político para justificar su gestión interna. “El Gobierno autonómico debe dejar de utilizar al Estado como excusa para justificar su mala gestión: estamos hablando de una subida histórica de los fondos estatales para dependencia en Canarias”, señaló.
El informe también refleja diferencias significativas entre comunidades autónomas en materia de inversión en dependencia. Según los datos citados por Arocha, Canarias destina 178,8 euros por habitante, por debajo de la media estatal de 280,5 euros, lo que sitúa al archipiélago como la comunidad con menor inversión per cápita.
Además, el documento indica que la inversión por persona potencialmente dependiente en Canarias es de 1.492 euros, también por debajo de la media nacional de 2.034 euros.
A partir de estos datos, la dirigente socialista concluyó que el principal problema del sistema no radica en la financiación estatal, sino en la gestión autonómica. En su opinión, el bajo nivel de inversión y la falta de ejecución eficaz estarían condicionando el desarrollo del sistema de cuidados en las islas.
“Mientras el Estado incrementa de forma importante los recursos destinados a Canarias, es el Gobierno autonómico el que mantiene al Archipiélago a la cola de España en inversión social y atención a las personas dependientes”, afirmó.
Arocha reclamó además que el aumento de financiación se traduzca en mejoras tangibles para los usuarios del sistema, como la creación de más plazas sociosanitarias, el incremento de prestaciones y la reducción de las listas de espera que afectan a miles de familias en Canarias.
“Pedimos más rigor, más transparencia y menos confrontación política basada en datos falsos”, concluyó la dirigente socialista.