El caso Koldo estalla de lleno en Canarias. La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre los contratos del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, mientras la Audiencia Nacional cita a declarar como investigados al exasesor socialista Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, señalados por el cobro de comisiones y tráfico de influencias en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El juez Ismael Moreno ha fijado las comparecencias para el 27 y 28 de noviembre, tras un demoledor informe de la UCO que revela pagos mensuales de 10.000 euros y conexiones directas con adjudicaciones del Gobierno canario por más de 12 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.
El escándalo deja una imagen devastada del Gobierno canario, acusado de haber gestionado con opacidad y favoritismos unas compras urgentes que ahora podrían derivar en delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La Fiscalía estrecha el cerco, los jueces avanzan en la imputación de los principales actores y el PSOE vuelve a quedar acorralado por una trama que amenaza con arrastrar a la cúpula regional. En Canarias, la indignación crece y el caso se convierte en el símbolo del despilfarro y la corrupción bajo el paraguas de la pandemia.
