El tribunal rechaza levantar las medidas cautelares sobre determinadas inscripciones en el censo de residentes en el extranjero. Los últimos datos aportados por el Gobierno sitúan en 163.020 las personas afectadas para estas elecciones.

El Tribunal Supremo ha decidido este lunes, 12 de octubre, mantener la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada ley de nietos. La resolución mantiene la restricción para los afectados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pese a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para que se levantara.

La decisión tiene un matiz fundamental: no excluye automáticamente del voto a todas las personas que adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática. El tribunal distingue entre quienes se nacionalizaron conforme a los supuestos establecidos en la ley y quienes lo hicieron al amparo de la interpretación recogida en la instrucción posterior del Ministerio de Justicia.

Los primeros conservan el derecho al sufragio si estaban incluidos en el censo válido para estos comicios, cerrado a 1 de agosto. Para las inscripciones afectadas por la instrucción se mantiene la suspensión de sus efectos electorales.

La Abogacía del Estado había advertido de la imposibilidad material de revisar a tiempo los expedientes para distinguir ambos grupos. El adelanto electoral redujo el margen disponible para realizar esas comprobaciones y llevó a los servicios jurídicos del Estado a reclamar que se permitiera votar a los afectados.

El Supremo mantiene las medidas al considerar que debe preservar las garantías de seguridad, veracidad y transparencia del censo electoral. Los últimos datos aportados por el Gobierno al tribunal sitúan en 163.020 las personas afectadas para el 29-N.

La resolución también ordena su publicación urgente para que los afectados puedan personarse y presentar alegaciones, con un plazo de cinco días.

La clave: la medida afecta al voto, no retira la nacionalidad

El Supremo no ha dictado una sentencia definitiva que anule la ley de nietos ni ha retirado las nacionalidades concedidas. La decisión mantiene una medida cautelar sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones mientras continúa el procedimiento judicial.

Por tanto, deben distinguirse tres cifras: el total de personas nacionalizadas, las incorporadas al censo exterior y aquellas cuyas inscripciones quedan afectadas por la suspensión. No son grupos equivalentes ni todos los beneficiarios de la ley quedan excluidos del voto.