La batalla por las tasas aeroportuarias entra en una nueva fase. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazara la propuesta de Aena de elevar un 3,82% anual las tarifas aeroportuarias entre 2027 y 2031, el gestor aeroportuario ha respondido recordando que el informe del regulador es únicamente consultivo y que la última palabra corresponde al Gobierno de España.

Aena defiende que el incremento planteado es necesario para garantizar las inversiones previstas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que contempla miles de millones de euros para la modernización y ampliación de infraestructuras en toda la red aeroportuaria española. La empresa sostiene además que las tasas aeroportuarias representan una parte reducida del precio final de los billetes y rechaza que su propuesta perjudique la competitividad turística.

Frente a esta posición, la CNMC considera que el fuerte crecimiento previsto del tráfico aéreo permitiría incluso reducir las tarifas un 0,59% anual hasta 2031. Una tesis que ha sido respaldada por las aerolíneas y por el Gobierno de Canarias, que ven en la contención de las tasas una herramienta clave para proteger la conectividad y evitar mayores costes para residentes y visitantes.

La decisión definitiva llegará en los próximos meses cuando el Consejo de Ministros apruebe el DORA III.

Canarias se juega mucho más que una tasa

El enfrentamiento entre Aena y la CNMC tiene una especial trascendencia para Canarias. El Ejecutivo autonómico ha defendido durante todo el proceso que cualquier incremento de costes aeroportuarios puede terminar repercutiendo en el precio de los billetes y afectar a la conectividad de un territorio ultraperiférico que depende casi exclusivamente del transporte aéreo.

Por ello, el informe de la CNMC ha sido recibido como una victoria parcial por parte de las aerolíneas y del Gobierno canario. Sin embargo, en Aena recuerdan que el regulador emite una recomendación técnica y que será finalmente el Gobierno de España quien decida si mantiene la subida propuesta por el gestor aeroportuario o si adopta las rebajas planteadas por Competencia.

La resolución final marcará el futuro de los aeropuertos españoles hasta 2031 y tendrá un impacto directo en Canarias, donde el debate sobre la conectividad aérea siempre trasciende el ámbito puramente económico.