La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) ha mostrado su apoyo a la reivindicación de Canarias de participar activamente en el diseño de las políticas migratorias europeas, al considerar que las autoridades regionales continúan desempeñando un papel secundario en la toma de decisiones pese a asumir gran parte de la gestión sobre el terreno.

La organización, que reúne a 150 regiones europeas, ha elaborado un documento dirigido a las instituciones comunitarias en el que reclama una participación “formal y obligatoria” de los gobiernos regionales y locales en la elaboración, aplicación y evaluación de las estrategias nacionales en materia migratoria. Según la CRPM, el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo no reconoce suficientemente a las regiones como socios estratégicos y mantiene poco definido su papel en la gobernanza de estas políticas.

La entidad advierte de que esta situación afecta especialmente a territorios sometidos a una elevada presión migratoria, como ocurre en las fronteras exteriores de la Unión Europea y en las rutas marítimas. Varias regiones integradas en la organización denuncian haber sido consultadas de forma limitada o incluso haber quedado excluidas de la preparación de los planes nacionales para aplicar el pacto migratorio europeo, una crítica que Canarias viene planteando desde hace tiempo.

A juicio de la CRPM, estas carencias de coordinación pueden perjudicar la eficacia de las medidas previstas y dificultar que los Estados diseñen respuestas adaptadas a las necesidades reales de cada territorio. El documento sostiene que las regiones siguen siendo en gran medida “invisibles como actores políticos en materia migratoria”, pese a que son responsables de servicios esenciales relacionados con la acogida, la integración, la educación, la sanidad y la atención a menores migrantes.

La protección de la infancia migrante ocupa también un lugar destacado en las preocupaciones trasladadas por la organización. La CRPM coincide con el Gobierno canario en señalar que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no aclara suficientemente aspectos relacionados con la tutela de los menores extranjeros no acompañados que soliciten asilo tras su llegada a territorio europeo.

En este sentido, recuerda que Canarias ha manifestado dudas sobre qué administración debe asumir la responsabilidad de estos menores, especialmente cuando concurren las condiciones de solicitantes de asilo, una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado. Además, la organización muestra inquietud por la ampliación de las herramientas de identificación en la gestión migratoria, que incorporan sistemas de reconocimiento facial y reducen de 14 a 6 años la edad mínima para el registro de menores en las bases de datos europeas.

La CRPM reclama que cualquier aplicación de estas medidas garantice siempre el interés superior del menor y respete todas las garantías de protección previstas para un colectivo especialmente vulnerable.

Otro de los ejes del documento es la financiación. La organización considera imprescindible que las regiones que afrontan de forma directa los retos migratorios dispongan de recursos específicos y participen de manera estructural en la planificación y gestión de los fondos destinados a esta materia.

Según expone, la concentración de la financiación en planes nacionales únicos puede provocar que las prioridades regionales pierdan peso, limitar el acceso a recursos por parte de las administraciones de primera línea y aumentar la dependencia de decisiones adoptadas a nivel estatal.

Por ello, la CRPM defiende mecanismos de financiación más flexibles y dotaciones “suficientes y específica” para impulsar políticas de cohesión social, convivencia e integración. A su juicio, estos recursos resultan fundamentales para evitar tensiones derivadas de la competencia percibida por servicios públicos como la sanidad, la asistencia jurídica o los servicios sociales entre la población local y las comunidades migrantes.