Canarias continúa soportando una presión migratoria sin precedentes en su sistema de protección de menores. Aunque las llegadas de menores extranjeros no acompañados han descendido respecto a los picos registrados en los últimos años, el Archipiélago mantiene actualmente bajo tutela a más de 2.700 jóvenes, una cifra que triplica ampliamente la capacidad para la que fue diseñada la red de acogida, estimada en unas 800 plazas.

La situación volvió a centrar el debate político este martes después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendiera la necesidad de avanzar en el reparto de menores entre las comunidades autónomas. La ministra insistió en que los territorios frontera, como Canarias, no pueden afrontar en solitario una realidad que afecta al conjunto del país y reiteró el compromiso del Gobierno para aliviar la sobrecarga que soportan las islas.

Los datos reflejan una presión acumulada durante años. Miles de menores han llegado al Archipiélago a través de la Ruta Atlántica, obligando a ampliar recursos de emergencia y a mantener centros funcionando muy por encima de su capacidad inicial. El Ejecutivo canario lleva tiempo reclamando una solución estructural y permanente que garantice una atención digna a los menores y evite el colapso de los servicios de protección.

Mientras continúa el debate sobre el reparto entre comunidades, Canarias sigue siendo la primera línea de una crisis migratoria que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones.

La evolución de una crisis sin precedentes

2019: 587 menores migrantes llegaron a Canarias.
2023: la cifra se disparó hasta 4.711, en pleno auge de la Ruta Atlántica.
2024: se registraron 3.650 llegadas.
2025: llegaron 1.682 menores.

Pese al descenso de las entradas, la acumulación de expedientes y la permanencia de miles de jóvenes en el sistema mantiene actualmente a Canarias con más de 2.700 menores tutelados, una cifra muy superior a las aproximadamente 800 plazas para las que fue concebida la red autonómica de acogida. El resultado es una presión constante sobre centros, trabajadores y recursos públicos que sigue marcando la agenda política del Archipiélago.