Más control y menos atajos: Pedro Pacheco exige transparencia, digitalización y cumplimiento de la ley en la contratación pública

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha fijado posición sobre uno de los asuntos que más debate genera en la gestión pública: los contratos menores. Su mensaje es claro. No hacen falta nuevas leyes, sino más control, más transparencia y una Administración mejor preparada para cumplir las normas ya existentes.

Durante su intervención en Despierta Canarias, Pacheco defendió la actual legislación de contratación pública y advirtió de que modificarla podría generar más problemas de los que pretende resolver. A su juicio, la lentitud que sufren muchos procedimientos no responde a fallos de la ley, sino a la falta de adaptación de las estructuras administrativas a las exigencias actuales.

El presidente de la Audiencia recordó que los contratos menores representan aproximadamente un 16% del total y forman parte de la actividad ordinaria de las administraciones. Sin embargo, insistió en que deben mantenerse bajo vigilancia permanente para garantizar la igualdad de oportunidades, la libre concurrencia y evitar cualquier sombra de arbitrariedad.

Pacheco puso además el acento en la necesidad de avanzar en la digitalización de la gestión pública, tomando como referencia organismos como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, donde la modernización tecnológica ha permitido ganar eficacia y reducir trámites.

Asimismo, defendió que cualquier recurso económico procedente de las arcas públicas y destinado a terceros debe estar sometido a los máximos estándares de publicidad y transparencia. En este sentido, recordó que la labor de la Audiencia de Cuentas no es perseguir delitos, sino detectar deficiencias, analizar procedimientos y establecer mecanismos preventivos frente a posibles riesgos de corrupción.

Para Pacheco, la receta pasa por reforzar los controles, profesionalizar la gestión y aprovechar mejor las herramientas que ya contempla la normativa vigente. Menos atajos administrativos y más cumplimiento efectivo de la ley como fórmula para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.