El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una pieza separada dentro de la causa en la que investiga a Begoña Gómez para analizar un contrato adjudicado a una unión temporal de empresas participada por el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la Audiencia Nacional determinara que corresponde al juzgado decidir sobre este expediente y no a la Fiscalía Europea.

La nueva línea de investigación se centra en una adjudicación de más de cuatro millones de euros realizada por Red.es para la prestación del servicio denominado «Oficina Acelera Pyme», destinado a ofrecer asesoramiento gratuito a pequeñas y medianas empresas.

La decisión llega tras una resolución del juez de garantías de la Audiencia Nacional, que ha estimado los argumentos planteados por la defensa de Barrabés y ha concluido que este expediente ya formaba parte de las diligencias dirigidas por Peinado, por lo que debe ser el magistrado quien determine si existen indicios suficientes para continuar investigándolo.

A raíz de esta resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto una pieza específica para analizar los hechos y ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la posible relevancia penal de las actuaciones examinadas.

El expediente había generado un conflicto competencial entre el juzgado y la Fiscalía Europea. Este organismo reclamó la documentación tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, al considerar que podía existir una afectación a fondos comunitarios.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado la tesis de la Fiscalía Europea y sostiene que no existe duda de que el contrato estaba integrado en la investigación desarrollada por Peinado. Aunque reconoce que el magistrado no hizo referencia expresa a este expediente en la resolución en la que propuso continuar el procedimiento contra varios investigados, considera que esa omisión no puede interpretarse como un archivo de las actuaciones.

La adjudicación objeto de análisis fue concedida a una Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next, sociedad vinculada a Juan Carlos Barrabés, y la consultora KPMG. El contrato contaba con un presupuesto base de licitación de 4,05 millones de euros.

Según el informe elaborado por la UCO, durante la valoración de las ofertas podría haberse pasado por alto un requisito recogido en los pliegos del concurso, relacionado con la presentación de un libro blanco que debía ser evaluado dentro de uno de los criterios de adjudicación. Los investigadores sostienen que en los borradores iniciales sí se hacía referencia a esa ausencia, aunque dicha mención desapareció en los informes definitivos.

La Guardia Civil considera que esa circunstancia pudo influir en la puntuación final obtenida por la unión temporal adjudicataria, que logró la máxima valoración en uno de los apartados determinantes para la concesión del contrato.

Este expediente se tramitó paralelamente a otros dos contratos adjudicados por Red.es y actualmente investigados por la Fiscalía Europea. En esos procedimientos también participaron empresas vinculadas a Barrabés y figuran entre las actuaciones relacionadas con la investigación sobre las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.