El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que revisa la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, un paso necesario para dar continuidad al modelo de redistribución de estos jóvenes implantado hace un año tras la reforma de la Ley de Extranjería.

La actualización fija el número de plazas que corresponde asumir a cada territorio en función de su población, un criterio que determina cuándo una comunidad supera su capacidad de acogida y puede solicitar el traslado de menores a otras autonomías. La normativa establece que esa situación se produce cuando un territorio triplica la capacidad que tiene asignada, circunstancia que actualmente afecta a Canarias, Ceuta y Melilla.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Juventud e Infancia, Andalucía encabeza la lista con una capacidad ordinaria de 3.009 menores, seguida de Cataluña, con 2.829; la Comunidad de Madrid, con 2.471; y la Comunidad Valenciana, con 1.903. A continuación figuran Galicia (940), Castilla y León (830), Canarias (783), Euskadi (776), Castilla-La Mancha (742), la Región de Murcia (553), Aragón (476), Baleares (434), Extremadura (364), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206), La Rioja (114), Melilla (30) y Ceuta (29).

La modificación de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo del pasado año, buscaba aliviar la presión sobre los territorios de llegada, especialmente Canarias, Ceuta y Melilla, mediante un sistema de distribución obligatoria entre todas las comunidades autónomas. La medida, sin embargo, ha contado con la oposición de la mayoría de los gobiernos autonómicos dirigidos por el Partido Popular.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió el modelo al asegurar que permite situar «el interés superior del menor» en el centro de la actuación institucional y calificó el nuevo real decreto como «un paso más» en la protección de los niños y adolescentes que llegan solos a España.

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reiteró el compromiso del Ejecutivo con las comunidades autónomas y recordó que el pasado año el Estado destinó 230 millones de euros para financiar la atención a menores migrantes no acompañados. De esa cantidad, más de 140 millones fueron transferidos a Canarias, principal territorio receptor de estos jóvenes.