La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, reclamó este viernes al Ministerio de Sanidad que retome el diálogo con el colectivo médico y desbloquee el conflicto generado por el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, una situación que, según advirtió, está teniendo consecuencias en todas las comunidades autónomas y afectando a la asistencia sanitaria.

Monzón realizó esta petición durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en Madrid, donde los responsables de Sanidad de las 17 comunidades autónomas trasladaron a la ministra, Mónica García, un posicionamiento común para reconducir la negociación.

Se trata del segundo acuerdo alcanzado por todas las autonomías en apenas un mes para reclamar al Ministerio una solución al conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, origen de la huelga convocada por los médicos y facultativos.

Durante el encuentro, los consejeros presentaron un decálogo con diez propuestas para favorecer el consenso sobre la futura norma. Entre otras medidas, solicitan que la negociación vuelva a centrarse en la Comisión de Recursos Humanos, que el Ministerio introduzca los cambios necesarios en el texto y que presente una memoria económica que garantice la viabilidad de su aplicación y su seguridad jurídica.

La consejera canaria insistió en que el Ministerio debe modificar su postura y abrir una negociación efectiva con los profesionales. A su juicio, el mantenimiento de la huelga estatal limita la capacidad de actuación de las comunidades autónomas, incluso cuando estas adoptan mejoras laborales dentro de sus competencias.

Monzón recordó que, en Canarias, el conflicto ha provocado la suspensión de unos 80.000 actos médicos en los últimos seis meses, por lo que consideró urgente alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la huelga y reducir su impacto sobre pacientes y profesionales.

Canarias ya había pedido meses atrás una mediación independiente para acercar posturas entre el Ministerio y el colectivo médico. En marzo, junto con Euskadi y Castilla-La Mancha, propuso la designación de una figura mediadora que facilitara el diálogo y evitara que el conflicto siguiera perjudicando al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Además, en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado 10 de junio, todas las comunidades ya habían reclamado conjuntamente medidas estructurales para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública.