La política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate nacional. A pocas semanas de cerrarse el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que ha recibido más de 1,17 millones de solicitudes, la discusión se traslada ahora a las consecuencias que puede tener sobre el sistema de extranjería, los servicios públicos y la futura reagrupación familiar.

En este contexto, El Mundo publica este martes que altos mandos de la Policía Nacional especializados en Extranjería manejan estimaciones según las cuales el número de personas que podrían acabar regularizadas, sumando los posteriores procesos de reunificación familiar, podría acercarse a los tres millones. Según el diario, estos responsables sostienen que el Ejecutivo ha minimizado deliberadamente ese posible efecto y advierten de una elevada presión administrativa y asistencial en los próximos años.

Frente a esas advertencias, el Gobierno mantiene que la regularización responde a una necesidad económica, laboral y humanitaria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en los últimos días que el proceso constituye un “éxito” y permitirá aflorar empleo, reforzar las cotizaciones y facilitar la integración de cientos de miles de personas que ya residían en España antes de la apertura del procedimiento.

El debate coincide además con varias decisiones judiciales relevantes. Este mismo lunes, el Tribunal Supremo avaló buena parte del nuevo Reglamento de Extranjería, aunque confirmó algunos límites al acceso al arraigo para solicitantes de asilo y anuló determinados preceptos del texto reglamentario.

Con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los cuerpos policiales pendientes de la evolución del proceso, la inmigración vuelve a convertirse en uno de los asuntos con mayor impacto político y social del país.

Tres cifras que explican el alcance del debate

* 1,17 millones de solicitudes de regularización extraordinaria registradas hasta el cierre del proceso.
* Tres millones es la estimación que, según publica El Mundo, realizan algunos responsables policiales al incorporar el posible efecto de las futuras reagrupaciones familiares.
* El Tribunal Supremo ha respaldado el núcleo del nuevo Reglamento de Extranjería, aunque ha introducido correcciones en algunos artículos y ha avalado las restricciones al cómputo del tiempo de residencia para determinados solicitantes de asilo.