Antes de la resolución definitiva sobre la tasa turística de Mogán, el Ayuntamiento ha confirmado que llevará el caso al Tribunal Supremo para defender la legalidad del gravamen que aplica desde 2025 a quienes pernoctan en alojamientos turísticos del municipio. Mientras no exista una sentencia firme, el consistorio subraya que el cobro de quince céntimos de euro por persona y día continuará vigente.

La alcaldesa, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, explicaron en rueda de prensa que ya trabajan en el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que el fallo presenta «contradicciones» y que tanto el servicio como la finalidad de la tasa están «suficientemente justificados».

El Ayuntamiento sostiene que el tributo no responde a un objetivo recaudatorio, sino a sufragar parte de los costes derivados de los servicios municipales vinculados al turismo y la sostenibilidad. Según los datos facilitados por Álamo, estos servicios suponen un gasto anual de 2,7 millones de euros y, al representar los visitantes el 44,75 % del uso de los mismos, les correspondería financiar aproximadamente 1,2 millones.

En este sentido, el director general de Gestiona Mogán rechazó la interpretación del TSJC sobre el supuesto carácter recaudatorio de la medida. «Nada más lejos de la realidad. Nosotros lo único que hacemos aquí es equilibrar nuestras cuentas, no hay más», afirmó. Añadió que el cálculo de los ingresos se ha realizado para compensar el coste de los servicios, asegurando que «tiene unos gastos por unos servicios y lo que se ha hecho es calcular los ingresos que deberíamos tener para equilibrarlos y nunca pasamos un superávit».

Asimismo, insistió en que la tasa «no tiene el fin de financiar otras actividades municipales o gravar al turista por el mero hecho de serlo, es exclusivamente para los servicios sostenibles que este recibe, tal como exige la normativa de las tasas» y recordó que esos servicios mantienen «un coste no financiado aproximado de 2,7 millones de euros».

El TSJC anuló recientemente la ordenanza al estimar el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT). En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el Ayuntamiento no acreditó que la recaudación estuviera destinada a financiar un servicio concreto, requisito exigido por la legislación para este tipo de tasas.

La sentencia concluye que «ni de lejos» se cumple ese principio y añade: «Al menos, nada ha acreditado la entidad demandada (el Ayuntamiento de Mogán) al respecto, siendo seguro que lo recaudado merced a la controvertida tasa no tiene como finalidad solventar el servicio, también ignoto en sus aspectos cruciales, que constituye el hecho imponible de la citada tasa turística».

Frente a ese criterio, Bueno defendió que la normativa vigente permite a los ayuntamientos crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales, algo que, a su juicio, ocurre en el caso de Mogán. Además, señaló como referencia otros tributos con fines similares implantados en diferentes administraciones, entre ellos la ecotasa del Cabildo de Tenerife o las existentes en Cataluña y Vigo.

La alcaldesa también criticó el contenido de la resolución judicial al considerar que incurre en una contradicción. Recordó que el propio tribunal reconoce el esfuerzo «loable» del municipio por «garantizar la sostenibilidad del territorio», aunque posteriormente anule la tasa al entender que tiene un carácter meramente recaudatorio. A su juicio, la sentencia presenta además «vaguedad técnica», ya que «no entra en el fondo» del asunto y «no aclara nada en relación a la ordenanza de la tasa turística para poder corregir errores».

Por otro lado, Bueno cargó contra la FEHT por su oposición al gravamen. La alcaldesa lamentó que la patronal «defienda solo sus intereses» y consideró que su objetivo es impedir la implantación de nuevos impuestos o tasas en el sector.

«Aquí se quejan y recurren, pero en otros puntos del mundo donde están implantadas estas mismas cadenas hoteleras pagan la tasa», reprochó a las empresas integradas en la federación.

En su opinión, la postura de la patronal supone «tirar piedras sobre su propio tejado», ya que entiende que los empresarios turísticos también se benefician de unas infraestructuras públicas adecuadas alrededor de sus establecimientos. Además, rechazó el argumento de que el cobro de la tasa pudiera perjudicar la llegada de visitantes y aseguró que los datos de afluencia y gasto turístico demuestran que Mogán ha mantenido una evolución similar a la del resto de municipios.

Desde la entrada en vigor de la tasa turística en 2025, el Ayuntamiento cifra la recaudación obtenida en alrededor de 1,4 millones de euros, una cantidad que permanece inmovilizada hasta que exista una resolución judicial firme sobre la legalidad del tributo.