La ley de vivienda vacacional ha abierto una de las mayores grietas políticas de la legislatura en Canarias. La Agrupación Socialista Gomera (ASG), liderada por Casimiro Curbelo, ha decidido desmarcarse de sus socios de Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, para impulsar una modificación de la norma junto al PSOE y Nueva Canarias, con el objetivo de eliminar la consideración de la vivienda vacacional como actividad clasificada y convertirla en una actividad inocua.

El movimiento ha provocado un fuerte choque dentro del Ejecutivo autonómico y en el propio Parlamento de Canarias. Mientras CC defiende mantener el texto impulsado por el Gobierno al entender que ofrece seguridad jurídica, ASG sostiene que la regulación actual perjudica especialmente a las islas no capitalinas y pone en riesgo a miles de pequeños propietarios que complementan sus ingresos con el alquiler turístico.

La iniciativa de Curbelo ha sido interpretada como un claro aviso a sus socios de Gobierno y reabre el debate sobre una ley que sigue generando una profunda división política, económica y social. El sector de la vivienda vacacional considera que este cambio supondría corregir uno de los aspectos más controvertidos de la norma, mientras el Ejecutivo insiste en que la regulación busca ordenar la actividad y garantizar la convivencia entre el uso residencial y el turístico.

Aunque desde el Gobierno canario se resta importancia al desencuentro y se habla de diferencias normales entre socios, la ofensiva parlamentaria liderada por ASG evidencia que la vivienda vacacional continúa siendo uno de los asuntos más delicados de la legislatura y pone a prueba la estabilidad de la mayoría que sustenta al Ejecutivo autonómico.