La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) elevó este miércoles el tono contra el Gobierno de Canarias tras presentar un informe que califica de “demoledor” sobre la evolución del sector entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Basándose en datos del ISTAC, el INE y el Registro Autonómico, la organización sostiene que la Ley 6/2025 ha provocado la salida de miles de viviendas vacacionales del mercado sin que ello haya tenido impacto alguno en el acceso a la vivienda residencial.
Según ASCAV, el principal argumento con el que se impulsó la norma ha quedado desmentido por los propios datos oficiales. La asociación afirma que, pese a la reducción de la oferta de vivienda vacacional, los alquileres residenciales continúan aumentando, lo que demuestra, a su juicio, que este modelo alojativo no era el responsable de la crisis habitacional.
La patronal denuncia que miles de pequeños propietarios han perdido una fuente complementaria de ingresos y advierte del perjuicio económico que esta situación genera sobre numerosos sectores vinculados al turismo. Además, critica que el Ejecutivo mantenga su estrategia mientras, asegura, continúa sin adoptar medidas eficaces para movilizar la vivienda vacía.
ASCAV también carga contra la tramitación parlamentaria de la conocida enmienda 92, aprobada inicialmente en comisión y que considera clave para garantizar la continuidad de miles de viviendas vacacionales. La asociación sostiene que Coalición Canaria intentó revertir posteriormente esa aprobación mediante un voto particular que considera irregular desde el punto de vista procedimental, llegando incluso a cuestionar la actuación de la Mesa del Parlamento.
La organización reclama un cambio de rumbo en la política de vivienda y turismo del Archipiélago y pide al Gobierno que centre sus esfuerzos en incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, en lugar de continuar, afirma, “castigando” a un sector que considera estratégico para la economía canaria.
ASCAV: “La vivienda vacacional no ha reducido el precio del alquiler”
La asociación sostiene que los datos oficiales demuestran que la caída del número de viviendas vacacionales no ha servido para aumentar la oferta de alquiler residencial ni para contener los precios. Por ello, reclama seguridad jurídica para los propietarios y considera que el Ejecutivo ha destinado recursos a una estrategia que “no tendrá ninguna repercusión social” sobre el problema de la vivienda. Además, pide a ASG, PSOE y Nueva Canarias que actúen tras lo ocurrido con la tramitación parlamentaria de la enmienda 92.