El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este miércoles un encuentro con el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, para abordar la actualización de la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en el archipiélago y analizar su extensión al conjunto de los empleados públicos transferidos de la Comunidad Autónoma.
En la reunión participaron también la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el secretario del Sector de la Administración General del Estado de UGT Canarias, Antonio Terrones.
Al término del encuentro, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, señaló que “el Gobierno de Canarias incorporará esta reivindicación a la negociación del Decreto Canarias porque afecta a entre 80.000 y 90.000 personas que viven y trabajan en las islas y no es justo que una decisión del Estado, adoptada para resolver una situación en otra comunidad autónoma, termine convirtiéndose en una medida injusta para Canarias”.
Barreto explicó que el presidente de Canarias ya ha trasladado esta propuesta a los ministros de Política Territorial y de Hacienda, con el objetivo de que pueda abordarse en las próximas semanas. Asimismo, defendió que, además de actualizar las cuantías de la indemnización por residencia, es necesario revisar otros aspectos de este complemento para adaptarlo a la realidad actual del archipiélago y reforzar el atractivo de Canarias como destino para el personal de la Administración General del Estado.
Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, afirmó que “nos parece correcto que Baleares vea incrementada su indemnización por residencia, pero Canarias tiene una realidad diferenciada que debe seguir siendo reconocida por el Estado. Somos una región ultraperiférica y esa singularidad debe reflejarse en este complemento para que la comunidad siga siendo atractiva para los empleados públicos”.
Bautista explicó que la organización sindical ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno de Canarias y ha trasladado esta reivindicación al Ministerio de Política Territorial con el objetivo de que la actualización de la indemnización por residencia se incorpore a la negociación prevista para el próximo mes de septiembre. En ese proceso, defendió que cualquier mejora que se plantee para Baleares debe preservar la diferenciación de Canarias, así como extender la actualización tanto al personal de la Administración General del Estado como a los empleados públicos de los servicios transferidos de Sanidad, Educación y Justicia, una medida que beneficiaría a cerca de 90.000 empleados públicos del archipiélago.
El Gobierno de Canarias y UGT coincidieron en la necesidad de que la regulación de la indemnización por residencia tenga en cuenta las condiciones específicas de Canarias como región ultraperiférica y contribuya a garantizar la adecuada cobertura de los servicios públicos en el archipiélago.