El Gobierno de Canarias incorporará a la negociación del denominado Decreto Canarias la actualización de la indemnización por residencia para los empleados públicos, una medida que podría beneficiar a entre 80.000 y 90.000 trabajadores del archipiélago. Así lo anunció este miércoles la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, tras una reunión entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y representantes de UGT Canarias.

En el encuentro participaron el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, y el secretario del Sector de la Administración General del Estado del sindicato, Antonio Terrones, quienes abordaron la necesidad de revisar este complemento económico para el personal de la Administración General del Estado destinado en las islas y extender su actualización a los empleados públicos de los servicios transferidos.

Barreto explicó que el Ejecutivo autonómico considera que la actual situación genera un trato desigual para Canarias. «El Gobierno de Canarias incorporará esta reivindicación a la negociación del Decreto Canarias porque afecta a entre 80.000 y 90.000 personas que viven y trabajan en las islas y no es justo que una decisión del Estado, adoptada para resolver una situación en otra comunidad autónoma, termine convirtiéndose en una medida injusta para Canarias», afirmó.

La consejera indicó además que Fernando Clavijo ya ha trasladado esta propuesta a los ministros de Política Territorial y de Hacienda con el objetivo de que pueda debatirse en las próximas semanas. Asimismo, defendió que no solo deben actualizarse las cuantías de la indemnización, sino también revisar el conjunto del complemento para adaptarlo a las circunstancias actuales del archipiélago y favorecer la llegada de personal a la Administración General del Estado en Canarias.

Por parte de UGT Canarias, Francisco Bautista señaló que el sindicato comparte la necesidad de mejorar este complemento sin que ello suponga perder la singularidad del archipiélago. «Nos parece correcto que Baleares vea incrementada su indemnización por residencia, pero Canarias tiene una realidad diferenciada que debe seguir siendo reconocida por el Estado. Somos una región ultraperiférica y esa singularidad debe reflejarse en este complemento para que la comunidad siga siendo atractiva para los empleados públicos», manifestó.

El dirigente sindical explicó que UGT ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno de Canarias y ha trasladado esta reivindicación al Ministerio de Política Territorial para que la actualización de la indemnización forme parte de la negociación prevista para el próximo mes de septiembre. Además, defendió que cualquier mejora aplicada a Baleares debe mantener la diferenciación de Canarias y extenderse tanto al personal de la Administración General del Estado como a los trabajadores de los servicios transferidos de Sanidad, Educación y Justicia.

Tanto el Gobierno de Canarias como UGT coincidieron en la necesidad de que la regulación de la indemnización por residencia tenga en cuenta la condición de región ultraperiférica del archipiélago y contribuya a garantizar la cobertura de los servicios públicos en las islas.