La Sala de lo Civil da la razón a Caixabank, revoca las resoluciones que habían favorecido a la Corporación insular y rechaza la devolución de 791.710 euros abonados entre 2014 y 2016. La operación financiera se remonta a 2011, durante el gobierno insular de Coalición Canaria.
El Tribunal Supremo ha puesto un serio punto y aparte a uno de los episodios financieros más controvertidos de la historia reciente del Cabildo de Tenerife. La institución insular no podrá recuperar los 791.710,16 euros que reclamaba a Caixabank por las liquidaciones de uno de los contratos de permuta financiera, los conocidos como swaps, suscritos en 2011.
La sentencia número 1134/2026, dictada por la Sala de lo Civil el pasado 13 de julio, estima el recurso de casación presentado por Caixabank, revoca la resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y termina desestimando la demanda planteada por el Cabildo.
El origen del conflicto se remonta a 2010 y 2011. El Cabildo, entonces bajo la presidencia de Ricardo Melchior, contrató préstamos a interés variable por 62 millones de euros y posteriormente acudió a estos productos financieros para cubrirse ante una eventual subida de los tipos de interés.
La situación cambió en 2014. Los préstamos que habían dado origen a aquella estrategia financiera tuvieron que ser amortizados anticipadamente después de que la Justicia anulara las operaciones de crédito por irregularidades en su contratación. Sin embargo, los swaps continuaron vigentes.
El Cabildo tenía entonces dos posibilidades: cancelar anticipadamente el producto asumiendo el coste correspondiente o esperar hasta la denominada ventana de salida gratuita, fijada para diciembre de 2016. Optó por esta segunda opción.
Entre junio de 2014 y diciembre de 2016, y en un escenario de euríbor en mínimos, la Corporación terminó abonando a Caixabank 791.710 euros. Años después intentó recuperar ese dinero alegando que, extinguidos los préstamos originales, el producto financiero había perdido la razón para la que había sido contratado.
Inicialmente, la Justicia dio la razón al Cabildo. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como posteriormente la Audiencia Provincial entendieron que las liquidaciones posteriores a la cancelación de los préstamos eran indebidas y ordenaron su devolución.
Pero el Supremo cambia ahora completamente el escenario.
El Alto Tribunal considera que la finalidad de cobertura perseguida por el Cabildo no suponía jurídicamente que el swap quedara automáticamente extinguido al desaparecer aquellos préstamos. Además, señala que la institución mantenía otros niveles de endeudamiento a interés variable y que el producto podía seguir funcionando como una cobertura financiera genérica.
La sentencia también recuerda un elemento especialmente relevante: el Cabildo valoró la cancelación anticipada en 2014, pero decidió mantener el contrato hasta poder abandonarlo sin coste en diciembre de 2016.
El fallo no sólo impide recuperar los casi 800.000 euros, sino que además impone al Cabildo las costas de la primera instancia y las correspondientes a su impugnación en apelación.
Se cierra así, al menos en esta reclamación frente a Caixabank, una batalla judicial iniciada años después de aquellas operaciones financieras. Los ‘swaps’ vuelven a pasar factura al Cabildo de Tenerife: esta vez, con sentencia del Supremo.
