El Gobierno de Canarias ha defendido en el Parlamento el acuerdo alcanzado para cerrar el largo conflicto judicial derivado de la moratoria turística. La solución pactada fija en 485 millones de euros la factura final de unos procedimientos que llegaron a colocar sobre la mesa reclamaciones superiores a los 1.000 millones.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, sostuvo que se trata del «acuerdo menos lesivo» para Canarias, al permitir reducir de forma considerable el impacto económico que podía haber soportado la Comunidad Autónoma si los litigios hubieran continuado durante más años.

La diferencia es sustancial. Frente a un escenario que llegó a superar los 1.000 millones, el Ejecutivo ha logrado cerrar el conflicto por menos de la mitad, evitando así un golpe mucho mayor para las arcas públicas y reduciendo también el riesgo de que los intereses siguieran aumentando con el paso del tiempo.

Hasta ahora, ya se han abonado 260,5 millones de euros, de los cuales 253 millones corresponden a indemnizaciones y otros 7,5 millones a intereses.

El origen del problema se remonta a las restricciones impuestas durante años al desarrollo de determinados proyectos turísticos. Aquellas decisiones acabaron generando reclamaciones de propietarios y promotores que consideraban perjudicados sus derechos urbanísticos y económicos.

Con el paso del tiempo, los procedimientos judiciales fueron acumulándose y la factura potencial siguió creciendo. El Gobierno canario se encontraba ante dos posibilidades: mantener los litigios, con el riesgo de nuevas condenas y mayores intereses, o buscar una salida negociada que permitiera cerrar definitivamente el conflicto.

La opción elegida ha sido la del acuerdo.

Miranda defendió que continuar litigando podía terminar costando mucho más a Canarias y que el pacto alcanzado ofrece seguridad jurídica y limita un riesgo económico que durante años estuvo por encima de los 1.000 millones.

El debate político, sin embargo, no termina con el pago de las indemnizaciones. La oposición ha puesto también el foco en qué ocurrirá a partir de ahora con los terrenos afectados y con los derechos urbanísticos que puedan conservar algunos de los propietarios.

Pero desde el punto de vista económico, el Ejecutivo reivindica el resultado: Canarias pasa de enfrentarse a una amenaza superior a los 1.000 millones a cerrar los pleitos turísticos por 485 millones, evitando una factura adicional de más de 500 millones de euros.