Esta semana varios asuntos son los que sobresalen en Canarias el triaje y la financiación autonómica, eso al margen de los sucesos en Ceuta y sus consecuencias para el archipiélago, el informe PISA, o los 25 años que se han cumplido de los atentados sobre las torres gemelas de Nueva York, por cierto, que esta efeméride mundial nos tapó otro 11 de septiembre que se llevó por delante una veintena de vidas en el Roque de Agando, en La Gomera.

Pero volvamos a aquel 11 de septiembre de hace 25 años y que ahora ha llenado de polémica la celebración con un presidente que lo hizo en Washington y con un alcalde, el de Nueva York, que dicen que lo han cogido de risas cuando leían la lista de víctimas.

Fueron casi 3.000 muertos. Más de 25.000 heridos. En estos 25 años ha cambiado los aeropuertos, los controles de seguridad, los viajes, las fronteras y nuestra relación con la libertad. En nombre de la seguridad aceptamos medidas que antes nos hubieran parecido impensables.

Cambió Nueva York, la economía, el cine, la literatura y, sobre todo, nuestra forma de mirar al desconocido que se sienta a nuestro lado en un avión o al que cruza una frontera. El miedo simplemente cambió de forma.

O las reivindicaciones de Marruecos, que llegan más allá de lo que leemos, sobre todo en el espacio aéreo. España sigue gestionando desde las islas y lo hace ENAIRE desde el Centro de Control de Canarias, en una zona que está literalmente al otro lado del Atlántico, frente a nuestras costas. Y aquí conviene no mezclar conceptos: controlar el tráfico aéreo no significa tener la soberanía sobre el territorio. Porque una cosa es mejorar las relaciones con Rabat y otra, muy diferente, entregar sin más una parte del conocimiento estratégico que tenemos sobre el espacio aéreo que tenemos justo enfrente de casa.

Y luego está lo del triaje, en lo que la consejera Candelaria Delgado dice que las autoridades estatales son las que tienen las tareas de identificación, revisión médica, controles de seguridad y documentación antes de que el menor entre en el sistema de protección.

La respuesta del Gobierno central es, en esencia, que puede poner dinero para que Canarias haga el trabajo. La consejera insiste en que no es una cuestión económica, sino competencial. Mientras tanto, los menores siguen llegando y los centros canarios siguen soportando la presión. Porque los menores no entienden de competencias administrativas, pero sí entienden perfectamente cuándo un centro está lleno.

También está el asunto de la financiación.  ¿Qué vamos a recibir con el nuevo sistema aprobado y qué compromisos políticos hay detrás del voto favorable de Canarias? ¿Es un buen acuerdo para las islas o un buen acuerdo para el Gobierno de Pedro Sánchez?

Sobre el papel, para Canarias es difícil decir que no. Se ha pasado de los aproximadamente 600 millones adicionales a los 1.337 millones, de los que 611 procederían del sistema y 726 del nuevo Fondo de Dinamismo Económico. Además, el acuerdo reconoce expresamente que el REF queda fuera del sistema de financiación. Eso no es poco.

No obstante, tampoco conviene sacar todavía el cava. El acuerdo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que convertirse en ley y pasar por el Congreso, donde necesita mayoría absoluta y donde ya hay partidos que han anunciado su oposición. Y aquí está la parte que Canarias debería mirar con lupa: una cosa es conseguir una mejora sobre el papel y otra comprobar cuánto dinero termina llegando, durante cuánto tiempo y con qué condiciones.

¿Y eso va a repercutir en la ciudadanía? ¿Cuánto van a tardar en traducirse en servicios públicos los millones que se anuncian? Porque la financiación puede aumentar, pero los ciudadanos seguirán preguntando por las listas de espera, la vivienda, las carreteras y la educación.

Y precisamente hablando de educación, aparece otro suspenso. El informe PISA. Decía La Gaceta de Canarias que PISA no solo nos suspende; nos pinta la cara. Porque detrás de cada cifra hay alumnos, familias y profesores. Y detrás de cada suspenso hay años de leyes educativas, cambios de modelo, competencias repartidas, debates políticos y explicaciones de unos y otros.

Bendita EGB, decía también La Gaceta. No a los burros. Y, sobre todo, no a los burros que todavía creen que los ciudadanos también lo somos. Porque ese es el problema: que cuando algo sale mal siempre encontramos una competencia que no era nuestra, una ley que heredamos, un Gobierno que tuvo la culpa o una explicación para salir del paso. Lo hacemos con la inmigración, con la sanidad, con la educación y hasta con el dinero.

Pero los ciudadanos no viven dentro de las competencias. Viven fuera de los despachos. Y cuando necesitan un médico, una vivienda, una carretera, una plaza para un menor o una educación que funcione, les importa bastante poco quién tiene la competencia. Quieren que alguien se haga responsable. Y eso sí que no necesita ningún informe para saber que está suspenso.