El director general de Costas de Canarias defiende ante la jueza la legalidad de la autorización de Cuna del Alma

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El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, el alto cargo autonómico responsable de la gestión administrativa del litoral y de buena parte de las autorizaciones que afectan a la franja costera del Archipiélago, ha declarado este lunes como investigado por la autorización concedida para determinadas actuaciones del proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, al sur de Tenerife.

Acosta compareció ante la jueza que instruye la causa y defendió que su actuación se ajustó a la legalidad y al procedimiento administrativo establecido. El responsable de Costas sostiene que la resolución que firmó estaba respaldada por informes técnicos y jurídicos favorables y que, por tanto, actuó conforme al criterio trasladado por los servicios de la propia Administración.

La investigación judicial se centra en actuaciones previstas dentro de la servidumbre de protección del litoral, una franja especialmente protegida por la Ley de Costas. En esa zona se proyectaban diferentes instalaciones vinculadas al complejo turístico, entre ellas un restaurante, una piscina exterior y otros elementos asociados al desarrollo.

La Justicia trata ahora de determinar si la autorización concedida desde la Dirección General de Costas respetó plenamente la normativa urbanística, territorial y medioambiental o si pudieron existir irregularidades con relevancia penal.

El procedimiento no pone bajo investigación la totalidad del proyecto Cuna del Alma, sino determinadas actuaciones concretas relacionadas con la franja costera.

El Gobierno de Canarias ya había respaldado previamente la actuación de Acosta, defendiendo que el director general firmó una resolución que había llegado a su despacho acompañada de informes técnicos y jurídicos favorables.

La causa continuará ahora con el análisis de la documentación incorporada al procedimiento y de las declaraciones realizadas ante el juzgado. La posición de Acosta es clara: la autorización que firmó se ajustó, según su defensa, a la legalidad vigente.

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