El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la decisión judicial de continuar investigando el contrato por el que habría cobrado 200.000 euros de empresarios peruanos y sostiene que profundizar en esa relación profesional supone una intromisión en su derecho a la intimidad.

La defensa del exjefe del Ejecutivo cuestiona que el juez mantenga abierta la fiscalización de esos pagos y considera que las pesquisas se están adentrando en aspectos de su actividad privada y profesional que, a su juicio, quedarían fuera del objeto inicial de la investigación.

El asunto se centra en un contrato vinculado a empresarios peruanos y en las gestiones que Zapatero habría realizado en Bolivia. La investigación policial halló documentación relacionada con esos movimientos en los archivos del teléfono de su secretaria, conocida como ‘Gertru’.

Según las pesquisas, el expresidente habría percibido 200.000 euros por actuaciones relacionadas con una empresa peruana que buscaba evitar una sanción en Bolivia. Entre los elementos analizados figuran contactos y reuniones mantenidos con responsables políticos de aquel país.

Zapatero ha reaccionado ahora tratando de frenar ese avance judicial y sitúa el debate en el terreno de los derechos fundamentales. Su defensa sostiene que no puede convertirse una investigación concreta en una revisión general de su actividad económica y profesional.

El juez, por el contrario, mantiene que los indicios localizados dentro de una causa abierta pueden ser investigados cuando presentan relevancia penal.

El choque queda así planteado en términos muy claros: Zapatero considera que se está entrando en su intimidad; el juzgado entiende que los movimientos económicos detectados pueden ser objeto de investigación judicial.