El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Costas, ha dado un nuevo paso para ejecutar el derribo de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés, el inmueble situado junto a la playa de Las Teresitas que durante años albergó actividad vinculada al sector pesquero y también de restauración. El proyecto de demolición ha salido este miércoles a información pública con un presupuesto de 42.439 euros y un plazo de alegaciones abierto hasta el próximo 21 de octubre.
La actuación contempla la eliminación del inmueble, cuya situación de deterioro se ha agravado durante los últimos años. La Administración del Estado señala como motivos de la intervención el estado de abandono del edificio y los episodios de vandalismo registrados en sus instalaciones.
La antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés fue disuelta oficialmente en julio de 2025, después de varios años de reducción de su actividad, al contar con menos de ocho cofrades y acumular deudas. Su desaparición dejó sin actividad el inmueble situado en las proximidades de Las Teresitas, que ahora queda incluido en el proyecto de demolición promovido por Costas.
La decisión mantiene abierto el conflicto con la Asociación de Vecinos El Pescador, que durante los últimos meses ha defendido la conservación del edificio y ha reclamado que se busque una alternativa al derribo. El colectivo puso en marcha una recogida de firmas y llegó a remitir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar que el inmueble no fuese demolido.
La propuesta planteada por los vecinos pasa por rehabilitar la antigua cofradía y darle un nuevo uso como Museo de la Pesca o centro de interpretación dedicado a la tradición marinera de San Andrés. El proyecto permitiría, según la asociación, conservar un espacio relacionado con la historia pesquera del núcleo y convertirlo en un recurso cultural y divulgativo.
Con la apertura del periodo de información pública, la asociación prepara ahora la presentación de alegaciones contra el proyecto. El plazo permanecerá abierto hasta el 21 de octubre, por lo que el colectivo dispone de estas semanas para formalizar sus argumentos ante la Administración estatal.
El procedimiento supone un nuevo paso hacia la desaparición del inmueble, mientras los vecinos mantienen su petición para que se estudie su rehabilitación antes de ejecutar cualquier actuación irreversible. La decisión final deberá tener en cuenta las alegaciones que se presenten durante el periodo de exposición pública.