El Gobierno reedita las medidas tumbadas por el Pleno apenas cuatro días antes y busca ahora su convalidación con las Cortes disueltas. La operación está prevista por la Constitución, aunque juristas discrepan sobre el uso de este mecanismo inmediatamente después del rechazo parlamentario.
Pedro Sánchez vuelve a poner en juego los decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado 2 de octubre. Apenas cuatro días después de perder las votaciones en un Pleno compuesto por 350 diputados, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevos textos que mantienen buena parte del contenido anterior y que ahora deberán pasar por la Diputación Permanente, integrada por 69 miembros.
El cambio de escenario llega tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. En ese periodo, la Constitución permite que la Diputación Permanente asuma determinadas funciones del Congreso, entre ellas la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes que apruebe el Gobierno. Por tanto, el procedimiento tiene cobertura constitucional, aunque la forma en la que se está utilizando ha abierto un intenso debate jurídico y político.
La controversia nace de la secuencia. Los decretos fueron rechazados por el Congreso y, inmediatamente después, el Ejecutivo los ha reformulado para volver a someterlos a votación en un órgano mucho más reducido y con una aritmética diferente. Algunos juristas consideran que la Constitución permite expresamente esta posibilidad; otros sostienen que repetir prácticamente las mismas medidas tras haber sido rechazadas por el Pleno puede plantear dudas desde el punto de vista del principio democrático y del sentido de la institución.
El principal decreto recupera medidas sobre protección frente a desahucios, regulación de determinados alquileres y financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda. El Gobierno ha incorporado además una línea de 10.000 millones de euros para financiar la adquisición de vivienda por personas con ingresos estables que encuentran dificultades para acceder a una hipoteca.
La clave está ahora en la nueva mayoría. El PNV ha anunciado que respaldará el principal decreto de vivienda, lo que permitiría su convalidación en la Diputación Permanente. El segundo texto, relativo a la extensión de determinados contratos de alquiler, continúa sin contar con los apoyos suficientes.
La fotografía política resulta así excepcional: el Pleno del Congreso rechazó los decretos, las Cortes fueron disueltas y ahora 69 diputados tendrán la capacidad constitucional de decidir sobre unas medidas muy similares a las que 350 parlamentarios acababan de votar. Esa diferencia entre legalidad constitucional y controversia sobre el uso político del mecanismo será previsiblemente uno de los debates centrales del inicio de la campaña del 29-N.