El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes, con nuevas incorporaciones que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen la esencia de las iniciativas anteriores.

Entre las principales novedades figura una línea de financiación de 10.000 millones de euros gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda. El programa tendrá carácter intergeneracional y no estará limitado a los jóvenes.

Sánchez ha reclamado a los grupos parlamentarios que apoyen los decretos cuando sean sometidos a votación en la Diputación Permanente. El presidente ha defendido que las medidas son de «puro sentido común» y de «humanidad», y ha sostenido que permiten proteger a los colectivos vulnerables, ofrecer mayor estabilidad a los pequeños propietarios y limitar la actuación de los denominados «fondos buitre».

El paquete incorpora un total de 21 medidas. Entre ellas se encuentran deducciones fiscales para los inquilinos por parte del alquiler abonado y nuevos incentivos para los pequeños propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles. Según el Ejecutivo, un alquiler medio de 800 euros podría generar una deducción cercana a los 1.000 euros.

El Gobierno también ha incluido 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de reducir los plazos de ejecución y aumentar la oferta. A ello se suma un fondo de «impacto social» de 400 millones para apoyar a proveedores de vivienda social.

Otra de las medidas contempla que Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda y suelo, adquiera «miles de inmuebles» procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda.

Los decretos establecen además la posibilidad de prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler de los inquilinos que estén al corriente de pago, limitaciones a las subidas de las rentas y nuevas reglas sobre la finalización de los contratos y los supuestos en los que los propietarios podrán recuperar sus viviendas.

También se regula el alquiler de temporada y por habitaciones, se limita la compra de viviendas por parte de «fondos buitre», se condicionan los beneficios fiscales de las socimis al alquiler asequible y se establece un IVA para los pisos turísticos.

El presidente del Gobierno ha admitido, no obstante, que las medidas aprobadas «por sí solas, no van a resolver» el problema de la vivienda. Sánchez ha defendido una intervención «mucho más firme» en el mercado y se ha comprometido a continuar con la construcción de «cientos de miles de viviendas más», especialmente públicas y asequibles.

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo «ni tira la toalla ni deja tirada a la gente» pese a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. También ha afirmado que no permitirá «ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos».

La iniciativa que concentra la mayor parte de las medidas tiene previsto afrontar ahora su tramitación en la Diputación Permanente. El segundo decreto, centrado en la prórroga automática de los contratos de alquiler, afronta un escenario más complejo para su convalidación.

Durante su comparecencia, Sánchez ha reclamado igualmente el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante las medidas y ha defendido que los decretos ofrecen «tranquilidad y estabilidad tanto a inquilinos como a pequeños propietarios» y protección para los colectivos vulnerables.

El presidente también se ha referido a la huelga general anunciada por CCOO y UGT por el derecho a la vivienda y los salarios dignos. Sánchez ha afirmado que el Gobierno respeta «el derecho constitucional» a convocar una huelga y ha señalado que el Ejecutivo no tiene «nada que decir al ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga por los motivos que consideren los sindicatos».

Sánchez ha criticado asimismo que el Congreso rechazara los anteriores decretos de vivienda y ha cuestionado que comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP no utilicen los instrumentos previstos en la Ley de Vivienda.