Los lanzamientos previstos para ocho familias del edificio de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, han quedado nuevamente suspendidos después de que la SAREB solicitara al juzgado paralizar los procedimientos y abrir una vía para analizar de forma individualizada la situación de cada hogar.
La suspensión permitirá estudiar posibles soluciones habitacionales para las familias afectadas, entre ellas la opción de establecer contratos de alquiler social, según ha informado la organización Derecho al Techo, que ha participado en las movilizaciones y gestiones desarrolladas para evitar los lanzamientos.
La decisión se produce después de varias suspensiones anteriores y de distintos compromisos adoptados para abordar la situación de los residentes. Derecho al Techo reclama ahora que esta nueva oportunidad se concrete en soluciones «estables y dignas» para cada una de las familias.
La organización también ha señalado que la suspensión no pudo acogerse al denominado Decreto Maricarmen, aprobado el martes, debido a que su publicación en el Boletín Oficial del Estado se produjo este miércoles, cuando los plazos disponibles no permitían que la nueva normativa llegara a tiempo al juzgado antes de los lanzamientos inicialmente previstos.
Derecho al Techo ha valorado la petición de la SAREB para paralizar los procedimientos y ha reclamado que la sociedad, debido a su participación pública, destine sus viviendas al cumplimiento de su función social. La organización pide que ninguna familia en situación de vulnerabilidad tenga que afrontar un lanzamiento sin disponer de una alternativa habitacional.
La entidad ha vinculado la nueva suspensión con las movilizaciones, los acompañamientos y las gestiones realizadas durante las últimas semanas para evitar la salida de las familias de sus viviendas. En este contexto, ha defendido la movilización social, la organización y la mediación como instrumentos para abordar situaciones de vulnerabilidad residencial.
Además de los ocho casos de Nicolás Estévanez, Derecho al Techo reclama que las soluciones que puedan alcanzarse se extiendan al resto de viviendas de la SAREB en las que existan familias en situación de vulnerabilidad.
