Canarias afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con más de 27.000 nuevos electores en el extranjero, según la información publicada por El Día. La ley de nietos ha contribuido al crecimiento del censo exterior, aunque parte de las inscripciones vinculadas a esta vía de nacionalización tienen sus efectos electorales suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo.

La incertidumbre se concentra en quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la aplicación de una instrucción del Gobierno que presumía la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. La suspensión contempla una excepción para aquellos cuyos registros consulares certifiquen que cumplen los requisitos de descendencia de exiliados previstos en la ley, sin aplicar esa presunción. La medida no supone la retirada de la nacionalidad española.

Ante la proximidad de los comicios, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que levante la suspensión. Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que resulta materialmente imposible revisar los expedientes dentro del calendario electoral y advierten de que mantener la medida podría impedir votar a ciudadanos que ya tienen reconocida la nacionalidad.

El plazo de 48 horas concedido a las partes para presentar nuevas alegaciones venció este jueves 8 de octubre. Ahora corresponde al tribunal resolver si mantiene o modifica las medidas cautelares. No está confirmado que la decisión se conozca este viernes; podría llegar la próxima semana.

El aumento de más de 27.000 electores en el exterior no equivale al número de afectados por la suspensión. Son dos magnitudes distintas y no existe una cifra verificada que permita determinar cuántos de esos nuevos inscritos vinculados a las provincias canarias tienen actualmente el voto en suspenso.