La reforma busca agilizar el planeamiento, favorecer la vivienda protegida y endurecer las sanciones por infracciones urbanísticas
La Comunidad Autónoma de Canarias plantea actualizar la Ley del Suelo para acelerar los trámites urbanísticos y reforzar la protección del territorio. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, presentó este jueves la propuesta ante la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias y solicitó el respaldo de las corporaciones insulares.
La reforma apuesta por renovar los espacios ya urbanizados y contener la expansión hacia nuevos suelos. Entre sus principales medidas figura exigir la desclasificación de una superficie equivalente cuando se clasifique nuevo suelo urbanizable.
También propone elevar del 10% al 15% el aprovechamiento sujeto a cesión obligatoria en suelo urbanizable y establecer un tratamiento menos gravoso para las intervenciones sobre suelo urbano. El objetivo es favorecer la renovación de la ciudad consolidada e impulsar actuaciones destinadas a construir vivienda protegida.
En materia administrativa, el proyecto contempla reducir los plazos para emitir informes, realizar consultas y desarrollar los periodos de información pública. Asimismo, plantea simplificar la documentación exigida y eliminar trámites que no resulten imprescindibles.
En las actuaciones de relevancia territorial, los plazos de emisión de informes entre administraciones se reducirían a la mitad. La actualización también pretende agilizar las licencias y aportar seguridad jurídica sobre los supuestos de silencio administrativo negativo.
La propuesta incorpora, además, un refuerzo de la disciplina urbanística: amplía los plazos de actuación de la Administración para evitar la prescripción de infracciones y aumenta la cuantía mínima de las sanciones.
Más de 700 profesionales participaron en el proceso
El texto es fruto de un proceso de análisis desarrollado entre noviembre de 2023 y 2025, con 17 foros y más de 700 profesionales y expertos. Entre ellos participaron cerca de 300 empleados públicos municipales y 40 técnicos de los cabildos.
Miranda defendió la necesidad de adaptar la normativa de 2017 a los retos de vivienda, cambio climático, cohesión territorial y demografía, manteniendo su estructura esencial y los principios de simplificación y seguridad jurídica.