El presidente asegura que el Estado ya tiene la propuesta canaria y reclama voluntad política para aprobarla, mientras PSOE y Nueva Canarias cuestionan los resultados de su gestión.

En el Parlamento de Canarias, este martes, la vivienda volvió a situarse en el centro del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Fernando Clavijo defendió las medidas de su Ejecutivo y reclamó al Gobierno de España que apruebe, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, un cambio normativo para limitar la compra de viviendas por extranjeros no residentes.

El presidente aseguró que Madrid ya dispone de una propuesta elaborada por los servicios jurídicos autonómicos. También explicó que ha iniciado contactos con las fuerzas representadas en la Diputación Permanente para explorar los apoyos necesarios. La iniciativa continúa pendiente de aprobación.

Clavijo insistió en que el calendario electoral no puede servir para dejar pendientes los compromisos con las islas. Situó entre sus reclamaciones la continuidad de las guaguas gratuitas, 105 millones adicionales para vivienda, un nuevo convenio de carreteras, la cogestión aeroportuaria y las medidas para La Palma. Además, pidió colaboración a los grupos parlamentarios, especialmente al PSOE, para cerrar esos acuerdos.

Para defender su gestión, el presidente señaló que hay más de 4.000 viviendas públicas en construcción y que el mercado privado podría cerrar 2026 con más de 7.500 viviendas visadas. Esta última cifra se refiere a proyectos visados, no a viviendas terminadas.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, cuestionó que los anuncios del Ejecutivo estén ofreciendo una respuesta suficiente al encarecimiento de los alquileres y de la compraventa. Reivindicó las promociones impulsadas durante la presidencia de Ángel Víctor Torres y reclamó resultados que permitan a las familias acceder a una vivienda asequible.

Desde Nueva Canarias, Luis Campos reprochó al Gobierno su orientación hacia los intereses del sector inmobiliario y pidió que permita tramitar la propuesta de vivienda asequible de su formación. La sesión dejó patente la distancia entre el Ejecutivo, que defiende un cambio de tendencia, y una oposición que exige que las medidas se traduzcan en precios y viviendas al alcance de los ciudadanos.