El Cabildo de Tenerife promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para continuar con la tramitación del Circuito del Motor, proyectado en Granadilla de Abona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocara la sentencia favorable a la corporación insular sobre el proyecto modificado del acceso norte y cuestionara la vigencia de la evaluación ambiental anterior.

La institución insular ha anunciado que no prevé presentar nuevos recursos de casación y que desistirá de los que ya haya interpuesto en relación con este procedimiento. Al mismo tiempo, ha encargado a sus Servicios Jurídicos que analicen las consecuencias del fallo, especialmente en lo relativo a una posible suspensión del contrato y a otros efectos administrativos.

El Cabildo sostiene que el proyecto cuenta con el respaldo del Programa de Actuación Territorial aprobado en 2005, cuya vigencia se mantiene con carácter indefinido. Por ello, plantea tramitar una nueva declaración ambiental dentro del marco establecido por este instrumento, sin perjuicio de los requisitos legales que deban cumplirse para seguir adelante con las obras.

La controversia judicial se centra en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2011 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC). Aquella resolución establecía que la evaluación caducaría si los trabajos no comenzaban durante los cinco años posteriores a la notificación del acuerdo al órgano promotor.

Las obras arrancaron en agosto de 2016, aunque avanzaron de forma limitada y el contrato inicial terminó resolviéndose por los problemas surgidos durante su ejecución. En diciembre de 2024, un juzgado había desestimado una demanda contra el proyecto modificado del acceso norte al considerar que los trabajos habían comenzado dentro del plazo previsto y que la declaración ambiental seguía vigente. La posterior resolución del TSJC ha revocado ese pronunciamiento favorable.

El fallo anula el acto administrativo impugnado, pero no declara caducado el Programa de Actuación Territorial que ampara la infraestructura. Este instrumento mantiene su vigencia indefinida, aunque la continuidad del proyecto queda condicionada al cumplimiento de las exigencias ambientales y jurídicas aplicables.

La iniciativa acumula más de dos décadas de tramitación. Tras la aprobación del proyecto territorial en 2005 y de la declaración ambiental en 2011, el anterior gobierno insular, presidido por Pedro Martín, retomó el expediente y puso en marcha el procedimiento de licitación. Posteriormente, el actual Ejecutivo del Cabildo adjudicó las obras de la primera fase a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sacyr y Bahillo, lo que permitió reanudar los trabajos.

El Circuito del Motor pretende dotar a Tenerife de un recinto específico para entrenamientos y pruebas de automóviles y motocicletas. Según la corporación insular, la instalación permitiría realizar estas actividades en condiciones controladas de seguridad y atender las demandas de pilotos y aficionados, que reclaman desde hace años un espacio permanente para la práctica del automovilismo y el motociclismo.

El Cabildo sostiene que disponer de una infraestructura de estas características también contribuiría a reducir la necesidad de utilizar carreteras abiertas al tráfico para realizar pruebas y entrenamientos, mediante un espacio equipado con medidas de protección adaptadas a la actividad deportiva.