El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará este jueves y viernes al resto de líderes de la Unión Europea (UE) su rechazo a la última propuesta presupuestaria presentada por Irlanda, al considerar que los recortes previstos comprometen la capacidad del bloque para afrontar sus principales desafíos económicos y estratégicos.

El Ejecutivo considera «inaceptable» el plan de la presidencia semestral del Consejo de la UE, que fija el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 en 1,62 billones de euros, frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por la Comisión Europea. Las reducciones afectan especialmente a las partidas de competitividad y seguridad.

Sánchez defenderá en la cumbre la necesidad de aprobar unas cuentas «más ambiciosas» que permitan financiar los bienes públicos europeos y responder a las prioridades comunes, entre ellas la defensa, la seguridad, las interconexiones, la lucha contra el cambio climático, la ciencia y la transformación tecnológica.

Además, España reclamará la creación de nuevos impuestos europeos que aporten recursos adicionales al presupuesto comunitario, con un reparto que el Gobierno considera que debe ser justo.

La cita de Bruselas abordará también la situación migratoria y las consecuencias de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio. Según las previsiones del Ejecutivo español, las conclusiones de la reunión incluirán una referencia expresa a la solidaridad de la UE con España y a la condición de frontera europea de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El viaje de Sánchez se enmarca en una agenda europea que el presidente mantendrá pese a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes de Moncloa señalan que tiene previsto asistir también a las otras tres cumbres comunitarias programadas hasta final de año, en las que los Veintisiete tratarán de alcanzar un acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2028-2034.

El Gobierno ya había reclamado una mayor ambición presupuestaria ante la propuesta inicial de la Comisión Europea y considera que la reducción planteada por Irlanda no responde a las necesidades de España ni del conjunto de la Unión.