La organización Derecho al Techo ha denunciado la ejecución del desahucio de una familia con dos menores en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que no se resolvieron de forma específica las nuevas solicitudes de suspensión presentadas antes del lanzamiento.

Según la documentación trasladada por el colectivo, la familia registró peticiones los días 1 y 8 de octubre, pero el juzgado autorizó la ejecución remitiéndose a un auto anterior, fechado el 9 de septiembre, sin ofrecer una respuesta específica a los nuevos escritos. La orden de lanzamiento fue dictada por la jueza María de los Milagros Vilan Santos.

La organización señala que la solicitud presentada el 8 de octubre invocaba la protección provisional contemplada en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 29/2026, aprobada después de la resolución de septiembre. Con ese fundamento, la familia pidió que se valorara la suspensión temporal del desahucio mientras el órgano judicial examinaba la aplicación de la norma.

Derecho al Techo sostiene que la resolución anterior, referida a la situación posesoria de la vivienda, no sustituía el análisis de una petición posterior basada en un marco jurídico nuevo. Por ello, reclama que se esclarezca si se comprobaron los requisitos de la protección solicitada y por qué no se acordó la suspensión antes de ejecutar el lanzamiento.

A esta situación se suma, según la entidad, la presentación previa en el juzgado de un informe de vulnerabilidad elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El documento habría sido registrado antes de la llegada de la comisión judicial y mostrado también a sus integrantes, que, de acuerdo con la denuncia del colectivo, se negaron a recogerlo.

La organización considera especialmente relevante que el procedimiento afectara a una madre y a sus dos hijos menores y defiende que las circunstancias de vulnerabilidad requerían una respuesta expresa y motivada antes de proceder al desalojo.

«Incorporar un escrito al expediente no equivale a resolver su contenido», sostiene Derecho al Techo, que reclama que las solicitudes de protección presentadas por familias vulnerables sean examinadas de forma individualizada y efectiva antes de ejecutar los lanzamientos.