El Gobierno de Canarias ha acudido a la Fiscalía ante las dificultades para mantener los traslados de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, según publica La Provincia. El Ejecutivo teme que los cambios de gobierno autonómicos y la incertidumbre política comprometan los avances alcanzados durante los últimos meses.

La preocupación se centra en el bloqueo de algunas comunidades receptoras y en sus consecuencias para la continuidad de las derivaciones. Estos traslados permiten distribuir la acogida y aliviar la presión sobre los recursos del archipiélago.

El escenario político añade incertidumbre a un proceso cuya ejecución requiere coordinación entre las administraciones de origen y destino. El temor del Gobierno canario es que los relevos institucionales se traduzcan en nuevos obstáculos y terminen frenando las salidas.

La intervención solicitada a la Fiscalía sitúa el foco en la protección de los menores y en la continuidad de su atención, en un contexto marcado por las diferencias entre territorios.

La información publicada advierte del riesgo de retroceder en lo conseguido. Por ahora, la captura no concreta qué comunidades están paralizando las derivaciones, cuántos expedientes se encuentran afectados ni qué actuación específica ha solicitado el Ejecutivo regional al Ministerio Fiscal para abordar esta situación.