La política migratoria española ha protagonizado uno de los debates más tensos de la cumbre europea de Bruselas. Dinamarca, Italia y Polonia han presionado para que los Veintisiete refuercen su posición contra los factores que, a su juicio, favorecen las llegadas irregulares, con la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el centro de las críticas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido a la Comisión Europea que examine el proceso español. Su planteamiento cuestiona las repercusiones que una decisión nacional puede tener sobre otros países del espacio europeo. La italiana Giorgia Meloni también ha defendido un mayor control de las fronteras exteriores y una política migratoria más restrictiva.

La presión de estos gobiernos no equivale, sin embargo, a una censura formal de la Unión Europea a España. La propuesta defendida durante las negociaciones reclama acelerar las medidas para reducir el denominado «efecto llamada» y estudiar instrumentos de coordinación ante políticas nacionales que puedan afectar a otros socios.

El último balance de la cumbre incorpora también un respaldo a España. Los líderes europeos han expresado su solidaridad ante las entradas masivas registradas en Ceuta los días 30 y 31 de julio y han reconocido la situación específica de Ceuta y Melilla. Asimismo, han destacado el apoyo financiero y operativo comunitario para responder a la crisis.

Sánchez ha reivindicado ese respaldo y el acuerdo alcanzado entre los Estados miembros, pese a las diferencias sobre su modelo migratorio. Paralelamente, España e Italia han abierto una vía para coordinar el levantamiento de los controles fronterizos temporales establecidos tras la crisis de Ceuta. Los respectivos ministerios del Interior deberán concretar los siguientes pasos.

La cita ha abordado además el apoyo a Ucrania, la seguridad europea y la respuesta a las amenazas híbridas, junto a las diferencias sobre energía y presupuesto comunitario.