El nuevo prefijo permite reconocer las ofertas comerciales antes de descolgar, pero no abarca automáticamente las comunicaciones para reclamar supuestas deudas. La gestión del cobro debe respetar los derechos del ciudadano.
Las llamadas para vender productos o servicios estrenan este sábado, 17 de octubre, una identificación: el prefijo 400. Las empresas sujetas a esta obligación deberán utilizar números de nueve cifras que comiencen por esos tres dígitos, de manera que el consumidor pueda reconocer la finalidad comercial antes de responder.
Sin embargo, esta medida no ofrece una solución automática frente a otro tipo de comunicaciones que también pueden convertirse en una fuente de presión: las llamadas de empresas de recobro. Cuando su finalidad es reclamar una deuda, en principio no constituyen una oferta comercial y no quedan incluidas por ese solo motivo en la obligación de utilizar el 400. El alcance del nuevo rango está vinculado a las llamadas comerciales previstas en la normativa.
Estas reclamaciones pueden proceder de entidades que actúan por encargo del acreedor o de empresas que afirman haber adquirido la deuda. En cualquier caso, el ciudadano debe conocer quién reclama el dinero y quién es el titular del crédito. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que la empresa de recobro debe identificar al acreedor cuando solicita el pago.
Una llamada tampoco permite dar por acreditada la cantidad exigida. Ante una reclamación discutida, conviene solicitar por escrito el origen de la deuda, el desglose del importe y la documentación que justifique quién puede cobrarla. La controversia sobre su existencia o cuantía debe resolverse por los cauces correspondientes: la AEPD no decide si una deuda es correcta.
El cambio de numeración facilita distinguir las ofertas telefónicas, pero mantiene abierta una cuestión diferente: cómo proteger al ciudadano cuando la gestión de un supuesto impago se transforma en una sucesión de contactos que afectan a su tranquilidad.
Comprar una deuda no da carta blanca para intimidar
Reclamar el cumplimiento de una obligación y utilizar el miedo para conseguir un pago son conductas distintas. Una deuda, aunque exista, no justifica amenazas, humillaciones ni presiones sobre el entorno familiar. La posible existencia de coacciones debe valorarse según los hechos y las pruebas de cada caso; no toda llamada insistente constituye por sí sola un delito.
En materia de privacidad, los límites son concretos. La AEPD admite contactos con familiares, amigos o el lugar de trabajo para localizar al afectado, pero no permite comunicarles su condición de deudor ni la cuantía reclamada. Esas terceras personas pueden ejercer su derecho de oposición para dejar de recibir llamadas.
Ante posibles abusos, conservar mensajes, números, fechas, horarios y grabaciones de conversaciones en las que se participa ayuda a documentar lo sucedido. La AEPD contempla estas pruebas en las reclamaciones relacionadas con actuaciones de cobro que puedan vulnerar la protección de datos. Si existen amenazas o posibles coacciones, los hechos pueden ponerse en conocimiento de la Policía, la Guardia Civil o el juzgado.