La Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado al Cabildo insular retirar de sus redes sociales varias publicaciones relacionadas con las subvenciones de 700.000 euros destinadas a 21 entidades de protección animal, al considerar que vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La resolución, fechada el 21 de octubre, concluye que la difusión institucional examinada incumple el artículo 50.2 de la normativa electoral, que limita la publicidad de los poderes públicos durante el periodo electoral.
Los contenidos denunciados están vinculados a un encuentro celebrado el pasado 8 de octubre con representantes de las asociaciones beneficiarias. En el acto participaron el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, ambos del Partido Popular.
La Junta Electoral exige la retirada inmediata de las publicaciones que continúen disponibles en los canales institucionales. El requerimiento incluye una publicación de Instagram señalada en la denuncia y otras reproducciones del mismo contenido promocional en plataformas gestionadas o controladas por la corporación insular.
Asimismo, el Cabildo deberá informar a la Junta Electoral del cumplimiento de la orden en las 24 horas siguientes a su notificación y detallar qué publicaciones habían sido retiradas con anterioridad.
La resolución también insta a la institución a evitar durante el periodo electoral nuevas comunicaciones de este tipo y el uso de actos o medios oficiales para promocionar actuaciones y logros del Gobierno insular. La Junta recuerda que la comunicación institucional debe respetar los principios de objetividad y neutralidad.
El PSOE reclama que se cumpla la resolución
Tras conocerse la decisión, el PSOE de Tenerife ha reclamado la retirada inmediata de los contenidos y ha exigido a los responsables del área de Sector Primario que respeten la neutralidad de los canales institucionales.
Los socialistas defienden la importancia de las ayudas a las protectoras de animales y la labor que desarrollan sus profesionales y voluntarios, pero sostienen que estas subvenciones deben comunicarse sin utilizarlas como instrumento de promoción política del Gobierno insular.