El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado, que supondrá el almacenamiento temporal de 188.000 toneladas para evitar un desplome de los precios en origen ante las previsiones de una elevada producción durante la campaña 2026/2027.

La medida establece que las almazaras deberán almacenar el 12 % de la producción que declaren mensualmente, en instalaciones propias o de terceros. La obligación comienza a aplicarse sobre las cantidades correspondientes a noviembre, después de que la orden ministerial haya sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El producto retirado permanecerá fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque la resolución podrá revisarse a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de cómo evolucione la producción.

La decisión responde a la combinación de unas existencias iniciales superiores a las del ejercicio anterior y unas previsiones de cosecha que apuntan a una de las campañas más importantes de los últimos años. En concreto, las estimaciones de las comunidades autónomas sitúan la producción de aceite de oliva en 1.602.596 toneladas, un 23 % más que en la campaña precedente.

A esta previsión se suman las 357.040 toneladas de existencias con las que comenzó el actual ejercicio oleícola, un volumen que supera en un 23,3 % el registrado al inicio de la campaña anterior, según los datos del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), publicados por el Ministerio el pasado 28 de octubre.

El departamento que dirige Agricultura considera que estos indicadores cumplen los requisitos técnicos para activar el mecanismo previsto en la normativa de comercialización. En concreto, la suma de la producción estimada y las existencias procedentes de la campaña anterior alcanza el 120 % de la producción media de las seis campañas precedentes.

Las almazaras podrán elegir el aceite que almacenan

La obligación de retirada afecta al conjunto de las almazaras, que tendrán «plena libertad» para decidir qué categoría de aceite de oliva destinan al almacenamiento. Tanto la producción mensual como las existencias finales de cada instalación deberán comunicarse a través de los procedimientos habituales establecidos en el Real Decreto 861/2018, de 9 de julio.

El Ministerio justifica la intervención por la necesidad de prevenir posibles desequilibrios entre oferta y demanda y preservar la estabilidad del mercado, evitando que el incremento de producto disponible provoque una depreciación de los precios que reciben los productores.

Para supervisar el cumplimiento de la medida se constituirá un grupo técnico de seguimiento coordinado por el Ministerio y en el que participarán las comunidades autónomas, responsables de ejecutar los controles dentro de sus respectivas competencias.

Los operadores afectados deberán aportar, cuando se les requiera, la documentación necesaria para acreditar que cumplen la obligación de almacenamiento y permitir las inspecciones «in situ» que puedan realizar las autoridades competentes.

Satisfacción de las organizaciones agrarias

La decisión del Gobierno ha recibido el respaldo de las cuatro principales organizaciones agrarias de ámbito nacional. Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han coincidido en mostrar su satisfacción por la puesta en marcha de un mecanismo que permite retirar temporalmente parte de la producción cuando se dan las condiciones previstas para ello.