La campaña todavía no ha comenzado oficialmente y ya estamos empachados de ella. El PSOE, el PP y Vox han desplegado sus argumentos, sus amenazas y sus respectivos catálogos de calamidades ajenas. Cada uno busca movilizar a los suyos, atraer al desencantado y convencer al indeciso de que el verdadero peligro siempre lleva las siglas del contrario. Gobernar España empieza a parecer una consecuencia secundaria de impedir que la gobierne otro.

La polarización tiene esa ventaja para quienes la administran: permite sustituir las explicaciones por las emociones. El miedo moviliza deprisa. Explicar cómo se financia una promesa, cómo se sostiene un servicio público o qué consecuencias tiene una reforma exige bastante más trabajo.

También las encuestas participan en esta batalla. El CIS dibuja una España y buena parte de los sondeos privados retrata otra. Cada formación exhibe el resultado que le favorece y desacredita el que le incomoda. Pero ni las expectativas son votos ni resulta riguroso presentar un empate como conclusión compartida por unos estudios que ofrecen diferencias evidentes. La aritmética electoral merece algo más de respeto que el de servir de decoración al argumentario.

En ese escenario aparece la disputa sobre los 163.020 españoles afectados por las medidas cautelares relacionadas con la llamada ley de nietos. La intensidad del enfrentamiento invita a examinar cuánto hay de defensa jurídica y cuánto de cálculo electoral. Pero esas personas no son 163.020 papeletas depositadas, mucho menos un bloque de votos propiedad de un partido. Nadie puede afirmar con rigor que el próximo Gobierno dependa de ellas ni adjudicarles de antemano una preferencia política.

Precisamente por eso, el asunto exige seriedad. Una cosa es tener reconocida la nacionalidad y otra reunir los requisitos legales para ejercer el voto en una convocatoria concreta. La inscripción en el censo importa. La regularidad del procedimiento también. Y el sufragio es un derecho fundamental cuya restricción exige una justificación especialmente rigurosa. La Constitución protege la participación política y contempla expresamente el voto de los españoles en el extranjero.

El Supremo mantiene la medida cautelar y ha requerido al Gobierno que identifique a los afectados. El Constitucional, por su parte, inadmitió por prematuro el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, al continuar abierta la vía judicial previa. Eso no equivale a una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto. Convertir cada decisión procesal en una victoria partidista añade confusión a una situación que ya tiene demasiada.

El Gobierno debe cumplir los requerimientos judiciales y explicar su gestión. Los afectados deben disponer de vías efectivas para defender sus derechos. Y cualquier eventual responsabilidad penal por incumplir una orden judicial deberá determinarse en el procedimiento correspondiente: un apercibimiento no es una condena.

También conviene llamar a las instituciones por su nombre. Ángel Gabilondo, exministro socialista, es el Defensor del Pueblo, un alto comisionado de las Cortes Generales. Su función incluye defender derechos y recurrir ante el Constitucional. Su trayectoria política obliga a extremar la apariencia y la práctica de independencia, pero no permite atribuir automáticamente cada actuación a una orden del Ejecutivo. La exigencia debe ser clara: defender a los ciudadanos con el mismo empeño, cualquiera que sea su supuesto beneficio electoral.

Con las pensiones sucede algo parecido. Se habla de millones de personas como si fueran un territorio electoral que conquistar mediante el miedo. Su revalorización está prevista en la legislación vigente. No es una propina del presidente ni una generosidad del partido que ocupa la Moncloa. Tampoco sería cierto sostener que su regulación es intocable para siempre: las leyes pueden modificarse, y quien pretenda hacerlo debe explicar en qué sentido, con qué apoyos y a costa de quién.

Lo exigible es abandonar las insinuaciones y concretar las propuestas. Asustar al pensionista con la pérdida de su sustento, sin explicar las medidas que justificarían semejante advertencia, constituye una forma especialmente miserable de pedir el voto.

La economía tampoco admite relatos completos construidos con medias verdades. El Gobierno exhibe los grandes indicadores; la oposición subraya las dificultades domésticas. El crecimiento puede coexistir con alquileres inasumibles, y la creación de empleo con salarios que apenas permiten llegar a fin de mes. Reconocer ambas realidades debería ser una obligación elemental. La macroeconomía no paga por sí sola la compra del supermercado y la dificultad de una familia tampoco invalida todos los datos de un país.

Esta costumbre de acomodar lo público a la conveniencia propia alcanzó una expresión reveladora en La revuelta. Pedro Sánchez le dijo a David Broncano: «Si gano, te renuevo el programa cuatro años más».

La frase se produjo en un contexto de humor. Pero un presidente del Gobierno debe comprender lo que representa cuando habla de renovar un programa de la televisión pública como si pudiera hacerlo depender de su victoria electoral. La ocurrencia no acredita por sí sola una contratación irregular. Sí transmite una idea del poder que merece una crítica contundente.

Hagamos el ejercicio de trasladarla a Canarias. Imaginemos a Fernando Clavijo anunciando que, si gana las elecciones, un determinado profesional presentará, dirigirá y producirá un programa semanal en Televisión Canaria durante cuatro años. La controversia sería inmediata. Y estaría justificada.

La dirección de Radiotelevisión Canaria y sus órganos de contratación pueden considerar idóneo a un profesional. Deben fundamentar esa decisión y tramitarla conforme a las reglas aplicables. Presentar públicamente su contratación como una consecuencia del triunfo de un candidato degrada esa elección y compromete la imagen de todos los implicados.

La televisión pública pertenece a los ciudadanos. Su programación no puede ofrecerse como premio electoral, ni siquiera entre risas. La familiaridad con el poder nunca debe sustituir a la solvencia profesional.

Y esa confusión entre el interés de una estructura y la función que debe cumplir también aparece en la polémica protagonizada por Jonathan Domínguez.

El viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias ha recibido críticas y peticiones de dimisión por sus palabras sobre los sindicatos. Sus generalizaciones acerca de la trayectoria laboral de los representantes sindicales son discutibles y deben responderse con hechos. Pero en el fondo de su planteamiento hay una advertencia acertada: cuando una organización sindical subordina su actuación a intereses partidistas, pierde independencia y compromete su credibilidad.

En eso, Domínguez tiene razón. La defensa de los trabajadores exige autonomía ante el Gobierno y ante la oposición. Esa autonomía debe reconocerse en las movilizaciones, en las negociaciones y también en los silencios.

UGT y CCOO tienen la legitimidad que les otorgan sus afiliados y los trabajadores que eligen a sus representantes. Merecen respeto por esa función. También están obligadas a aceptar el escrutinio de su gestión. Ninguna conquista histórica convierte en irreprochable una decisión presente.

Las grandes centrales mantienen plantillas, patrimonio, sedes y obligaciones como empleadoras. Como sucede con los partidos políticos, existe el riesgo de que conservar la organización termine ocupando más espacio que la misión para la que nació. Cuando sostener la maquinaria se convierte en la prioridad, el representado corre el peligro de quedar reducido a una justificación.

Por eso defendemos que las cuotas de los afiliados sostengan el funcionamiento ordinario de los sindicatos y que toda financiación pública para actividades concretas tenga justificación, controles y resultados verificables. El dinero del contribuyente exige explicaciones, lo reciba una central sindical, una patronal, un partido o una empresa de comunicación.

La obligación de UGT Andalucía de devolver 18,3 millones de euros vinculados a subvenciones para formación merece precisamente ese nivel de exigencia. Se trata de un reintegro por la vía administrativa referido a gastos que no podían financiarse con esas ayudas. La precisión evita convertir la crítica en una acusación distinta de lo resuelto. La gravedad de la gestión exige que esa precisión vaya acompañada de responsabilidades.

Y los periodistas debemos incluirnos en el examen. También nosotros hemos contribuido al deterioro de nuestra credibilidad cuando hemos confundido información con militancia, proximidad con dependencia o interés general con conveniencia empresarial. Pedir transparencia a los demás obliga a practicarla en casa.

Hay un desgaste de confianza que atraviesa partidos, sindicatos y medios. Se alimenta cada vez que una organización exige respeto por lo que representa mientras evita responder por lo que hace. Recuperar autoridad requiere independencia, utilidad y cuentas claras.

Los ciudadanos no son propiedad de un partido. Las pensiones no son un regalo electoral. Las subvenciones no conceden inmunidad. La televisión pública no es una productora del presidente.

El respeto hay que ganárselo. Y ganar unas elecciones permite gobernar las instituciones, nunca apropiarse de ellas.