La suspensión de la cúpula del Tribunal Constitucional y el despliegue policial enfrentan al Gobierno con el presidente del país, mientras el primer ministro defiende que busca restaurar el Estado de derecho.

Polonia atraviesa una grave crisis institucional por el enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Tusk y el presidente de la República, Karol Nawrocki, alrededor del control del Tribunal Constitucional. La suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, y la presencia policial en las instalaciones han desatado protestas y acusaciones de ruptura del orden constitucional.

La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión de funciones de Święczkowski y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, durante un mes y asumió la dirección del tribunal. Los responsables desplazados rechazaron la decisión y, a través de la cuenta oficial de la institución, denunciaron un «golpe de Estado». Su argumento es que Korwin-Piotrowska carece de legitimidad para asumir el cargo porque no ha prestado juramento ante el presidente del país.

Nawrocki interrumpió su viaje a Senegal y regresó a Varsovia, donde acusó al Ejecutivo de tomar por la fuerza el órgano constitucional. La confrontación también llegó a la calle, con manifestantes concentrados ante el edificio y un dispositivo policial que practicó tres detenciones tras los incidentes registrados junto al perímetro de seguridad.

El Gobierno sostiene que la cúpula del Constitucional estaba impidiendo ejercer a los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria. Tusk defendió la intervención como parte de su compromiso de recuperar las garantías institucionales tras los anteriores gobiernos del partido conservador Ley y Justicia, PiS.

El conflicto mantiene abiertas dos posiciones incompatibles sobre quién puede dirigir el tribunal y qué nombramientos son válidos. Las acusaciones de golpe de Estado proceden del presidente y de los sectores que rechazan la intervención; el Ejecutivo, por su parte, presenta sus actuaciones como una restitución de la legalidad. La disputa ha situado a una institución clave para el control de las leyes en el centro de la batalla política polaca.