Hay tragedias ante las cuales las palabras parecen insuficientes. La colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo pertenece a esa categoría de acontecimientos que estremecen a un país entero y dejan una pregunta imposible de eludir: cómo ha podido suceder. La consternación, la solidaridad con las víctimas y el acompañamiento a sus familias constituyen la primera obligación de todos. Pero ese deber no cancela los demás. El duelo exige respeto; la gravedad de lo ocurrido exige explicaciones, decisiones y, por supuesto, la asunción de responsabilidades sin reparar en el escalafón político.
España ha sufrido en apenas nueve meses dos catástrofes en su red de alta velocidad, la de Adamuz y la de Urda, con un balance conjunto superior al centenar de fallecidos. Una sucesión semejante resulta inaceptable en una infraestructura que representa una de las grandes inversiones colectivas del país y cuya seguridad los ciudadanos tienen derecho a dar por descontada. No podemos resignarnos a que subir a un tren se convierta en un ejercicio de confianza sometido a sobresaltos permanentes. El buque insignia del sistema español de transportes ha quedado gravemente comprometido en su elemento más esencial, la seguridad, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un servicio público.
Las primeras explicaciones sobre el siniestro de Toledo apuntan a una instrucción desde el centro de control de Atocha que permitió reanudar la circulación después de un fallo del sistema de protección. Esa información, trasladada por el propio ministro de Transportes, debe someterse al esclarecimiento completo de la investigación. Identificar una orden equivocada puede ayudar a reconstruir el accidente, pero no basta para explicar por qué las barreras de seguridad no impidieron sus consecuencias. Un sistema de esta complejidad debe estar preparado para contener el error humano, es así de obvio. Precisamente para eso existen los protocolos, la supervisión y los mecanismos de respaldo. Es necesario conocer qué falló, qué información estaba disponible, qué procedimientos se aplicaron y cuáles se incumplieron. También habrá que esclarecer el estado de los equipos, su mantenimiento y las decisiones adoptadas para garantizar su fiabilidad. La investigación no puede terminar en el primer trabajador que aparezca en la cadena de los acontecimientos. Hay muchos elementos interrelacionados en este caso.
La sociedad española necesita una explicación completa, comprensible y verificable. Necesita saber qué se aprendió después de Adamuz y qué medidas se adoptaron tras ese primer siniestro en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Qué advertencias se recibieron, cómo se atendieron y quién debía comprobar la eficacia de las respuestas. No sería admisible que, después de dos tragedias de semejante magnitud, la conclusión política consistiera en señalar un fallo humano y pedir paciencia hasta que la actualidad encuentre otro asunto del que ocuparse. Esa argucia esta vez no se la va a tragar nadie.
Todas las miradas se dirigen, lógicamente, hacia Óscar Puente. Este periódico no acusa al ministro de haber causado el accidente ni pretende sustituir a los investigadores o a los tribunales. La culpabilidad debe establecerse mediante pruebas y con todas las garantías. La responsabilidad política, sin embargo, pertenece a otro ámbito y responde a una exigencia distinta: la obligación de rendir cuentas por el funcionamiento del departamento que se dirige. Es así de obvio también.
El estilo político del ministro ha alimentado numerosas controversias. A unos les agrada su disposición al combate político, lo que no es un defecto en sí mismo, y a otros les resulta una actitud impropia de su cargo. Ese debate tiene ahora una importancia secundaria. Lo sustancial es su capacidad para responder por la seguridad y la gestión de un servicio esencial. La discusión sobre sus formas no debe distraer de la cuestión de fondo ni ofrecerle un terreno cómodo en el que defenderse.
Después de Adamuz y de Toledo, la continuidad del ministro Puente al frente de Transportes resulta políticamente insostenible. Su relevo es urgente. La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre no puede servir de excusa para aplazar una decisión que corresponde adoptar al Gobierno actual. Los ciudadanos decidirán la composición del próximo Congreso de los Diputados y, con ella, las posibilidades de formar un nuevo Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente y sus ministros conservan íntegramente sus obligaciones. Y en ese contexto la presencia de Óscar Puente en el Consejo de Ministros es totalmente inadecuada.
Asumir responsabilidades tampoco puede reducirse a sustituir un nombre. El relevo debe acompañarse de decisiones sobre la gestión operativa y de una revisión rigurosa de los mecanismos que garantizan la seguridad ferroviaria. Sería tan insuficiente sacrificar a un responsable para proteger al resto como mantenerlos a todos a la espera de que disminuya la indignación pública. En Adif, como en cualquier organización de la que dependen vidas humanas, los puestos técnicos deben estar ocupados por profesionales con la mejor preparación y experiencia. La excelencia en la gestión no tiene ideología. Los ciudadanos no financian las empresas públicas para que los partidos distribuyan espacios de influencia, sino para recibir servicios seguros y eficientes. La competencia profesional, la independencia de criterio y la capacidad de advertir de un riesgo deben pesar más que la afinidad. Esto lo decimos sobre el actual Gobierno español y sobre todos los gobiernos, los que están en otros ámbitos institucionales y los que vendrán en el futuro. La pérdida de calidad profesional en beneficio de la afinidad partidista es una de las enfermedades crónicas de la política española.
La tragedia ha alterado, además, el escenario electoral. Reconocerlo no supone instrumentalizar este inmenso dolor. Supone admitir que un acontecimiento de esta dimensión transforma las preocupaciones y el estado de ánimo de una sociedad. Ocurrió, en circunstancias de naturaleza radicalmente distinta, después de los atentados del 11 de marzo de 2004. La referencia sirve únicamente para recordar hasta qué punto un hecho traumático puede modificar el contexto de unas elecciones generales. Esta es una realidad que no podemos soslayar.
Cuando se reanude plenamente la actividad de los partidos, la campaña será otra. Las estrategias concebidas antes del accidente tendrán que responder a un país golpeado por el duelo, la inseguridad y la exigencia de explicaciones. Quien pretenda continuar como si nada hubiera sucedido demostrará una preocupante incapacidad para comprender a los ciudadanos, algo imperdonable siempre, pero aún más en campaña.
La propuesta socialista de una campaña asentada en la alegría, el optimismo y “la fuerza del amor” ha perdido por completo su encaje con la realidad. El Gobierno podrá defender sus resultados económicos y someterlos al juicio de los electores, pero no podrá eludir las preguntas más dolorosas mediante una escenografía de entusiasmo, algo que de repetirse sería simplemente irrespetuoso con la gente, con la sociedad, con los votantes. La credibilidad de la respuesta del Gobierno socialista dependerá de la información que facilite y de las decisiones que adopte. Ningún lema electoral, ninguna frase de laboratorio, puede sustituirlas.
Vox, por su parte, parece decidido a elevar todavía más la intensidad de una estrategia basada en la confrontación. Su decisión de mantener los actos de precampaña mientras otras formaciones suspendían sus agendas expresa esa voluntad de ocupar sin pausa el espacio de la indignación. La formación busca distinguirse del Partido Popular mediante una dureza creciente contra el Gobierno. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre exigir responsabilidades y alimentar la furia. El enfado ciudadano es comprensible. Convertirlo en una excitación permanente, en la que cada grito necesita otro más alto, no ayuda a esclarecer los hechos ni a reparar las deficiencias. Puede resultar electoralmente rentable, pero añade crispación a una sociedad que necesita respuestas y garantías. Cada uno es responsable de sus actos, los partidos del Gobierno español y los que aspiran a sustituirlo.
El Partido Popular afronta una circunstancia distinta. La frialdad y la contención de su estrategia, cuestionadas incluso desde sectores de la derecha, pueden encontrar ahora una mayor correspondencia con el ánimo del país. Las primeras declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, centradas en las víctimas y en reclamar investigaciones y una revisión independiente de la red, señalaron un camino adecuado. Es una paradoja, pero es la realidad: una campaña contenida conecta mejor con el estado de ánimo del país. Y lo que hace una semana nos parecía triste ahora se torna respetuoso con una situación de excepcional gravedad.
Ese debería seguir siendo el criterio: firmeza para exigir cuentas, prudencia para atribuir culpas y sentido de Estado para ofrecer soluciones. El PP tiene la oportunidad de presentar una alternativa de relevo sereno después de ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez. Aprovecharla exige mantener esa responsabilidad también cuando la competición electoral invita a abandonarla, una tentación en la que Vox claramente llevará la batuta. Las preguntas legítimas de los ciudadanos merecen algo mejor que convertirse en combustible para una cacería.
Pero esta tragedia obliga a mirar más allá del ferrocarril y de las elecciones. Los servicios públicos constituyen una de las bases materiales de la confianza democrática. La sanidad, la educación, la atención social, las políticas que permiten acceder a una vivienda y el transporte para todos dan un contenido concreto a la relación entre los ciudadanos y sus instituciones. Para muchas personas, para cincuenta millones de españoles, para dos millones de canarios, el funcionamiento de la Administración se mide en una cita médica, una plaza escolar, una ayuda que llega a tiempo o una guagua que cumple con su horario.
En sentido contrario, cuando esos servicios fallan de manera persistente se deteriora también la credibilidad de quienes los gobiernan. Y cuando las deficiencias se acumulan sin corrección ni responsabilidades, la desconfianza termina alcanzando al propio sistema. Defender la democracia exige cuidar esa relación cotidiana con los ciudadanos, además de proclamar sus valores. Los servicios públicos están al servicio de la ciudadanía. Esa afirmación elemental debe orientar tanto a los responsables políticos como a sus trabajadores. Necesitan inversión suficiente, plantillas adecuadas, formación, salarios dignos y medios para desempeñar cada tarea. También necesitan organización, evaluación, compromiso y una exigencia profesional acorde con su importancia. Los derechos laborales merecen protección y las reivindicaciones deben ser escuchadas. Pero la razón de ser de un servicio público no puede quedar subordinada a la lógica interna de la organización que lo presta. Del mismo modo, ningún gobernante puede exigir entrega a los profesionales mientras les niega los recursos necesarios o les impone una gestión deficiente. Unos y otros tienen obligaciones ante las personas que dependen de su trabajo. Este es un camino que nos lleva a la responsabilidad compartida, si alguien se aparta de su tarea está comprometiendo la supervivencia de un todo.
En España y en Canarias, el deterioro que se percibe en distintos servicios esenciales debería ocupar un lugar central en la tarea institucional. Cada demora injustificada, cada deficiencia que se perpetúa y cada problema que nadie resuelve debilitan una confianza difícil de recuperar. Las consecuencias no tienen siempre la dimensión irreparable de una catástrofe ferroviaria, porque ese es un caso extremo por indeseable: que el servicio público no solo funcione mal, sino que además ponga en riesgo la vida de sus usuarios. Pero estos hechos revelan la importancia de actuar antes de que el daño obligue a hacerlo.
La primera tarea de la política es gobernar bien. La de quienes prestan un servicio público es atender con competencia y compromiso las necesidades que se les han confiado. Ganar el relato, proteger una carrera política o sostener una posición partidista no puede desplazar esas obligaciones. Las víctimas y sus familias merecen toda la atención y el apoyo. Los ciudadanos merecen conocer la verdad. Y quienes asumen responsabilidades de gobierno deben responder por ellas. Después de Adamuz y de Toledo, España necesita decisiones a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Sería intolerable que, una vez apagadas las cámaras y celebradas las elecciones, todo continuara igual.