El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento para instalar un sistema de almacenamiento energético de emergencia en La Palma, con una potencia mínima de 16 megavatios (MW), con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro eléctrico y reducir el riesgo de nuevos apagones. La Consejería de Transición Ecológica y Energía prevé adjudicar el proyecto en el plazo de un mes y espera que las baterías puedan estar operativas durante 2027.

La Dirección General de Energía ha convocado con carácter urgente a empresas especializadas en almacenamiento energético para que presenten sus propuestas técnicas. El Ejecutivo autonómico tramitará la contratación por la vía de emergencia, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, con el propósito de acelerar la implantación de esta solución.

Una vez adjudicado el proyecto, todavía será necesario completar las autorizaciones administrativas y ejecutar los trabajos de instalación y puesta en servicio, por lo que las baterías no entrarán en funcionamiento de forma inmediata.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, ha defendido que La Palma necesita una respuesta ante la vulnerabilidad de su sistema eléctrico y ha recordado que Canarias reclama esta solución desde 2024. Sin embargo, según ha explicado, la normativa estatal no permitió utilizar el almacenamiento energético como medida de emergencia hasta el pasado 30 de junio.

Desde entonces, la Consejería ha trabajado en la financiación, la definición de las condiciones técnicas y la puesta en marcha de un procedimiento específico para acelerar la contratación.

Un sistema de al menos 16 megavatios

El proyecto contempla una potencia mínima de 16 MW y una capacidad de almacenamiento de al menos dos horas. La instalación podrá organizarse en cuatro módulos independientes de cuatro megavatios o en dos unidades de ocho megavatios.

Estos dispositivos permitirán aportar energía de forma automática cuando se produzcan incidencias en los grupos de generación. También podrán facilitar la recuperación del suministro gracias a su capacidad de arranque autónomo, reduciendo los tiempos de respuesta ante posibles déficits energéticos.

Zapata ha destacado la importancia de esta actuación tras el cero energético del pasado 2 de noviembre, que dejó sin electricidad a los 50.508 puntos de suministro de La Palma. No obstante, ha precisado que todavía es necesario conocer las causas exactas de aquel apagón para determinar si las baterías habrían podido evitarlo.

El consejero también ha recordado que estos sistemas habrían proporcionado respaldo suficiente ante la incidencia registrada en junio de 2025.

La renovación de Los Guinchos sigue pendiente

El Gobierno de Canarias insiste en que la instalación de baterías no sustituye las inversiones estructurales que necesita la isla para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

Entre las actuaciones pendientes figuran la renovación de los grupos de generación de la central de Los Guinchos, la construcción de la nueva subestación de Las Breñas y una segunda línea de transporte hacia el Valle de Aridane. También considera necesarias mejoras en la red de distribución.

A estas actuaciones se suma la convocatoria de un nuevo concurso estatal de generación convencional, después de que el primero no ofreciera una solución para La Palma. El Ejecutivo autonómico reclama que se incorporen 64 MW de nueva potencia, frente a los 52 MW planteados por el Ministerio.

El primer procedimiento quedó sin resultado efectivo después de que Endesa desistiera de instalar los cinco motores que le habían sido asignados provisionalmente al considerar que las condiciones económicas no resultaban interesantes.

Zapata ha insistido en que las baterías constituyen una herramienta para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, pero ha reclamado que se completen las inversiones en generación y transporte eléctrico para evitar que La Palma siga dependiendo de un sistema vulnerable ante cualquier incidencia.