La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife iniciará el próximo 19 de noviembre el juicio con jurado popular por el asesinato de un hombre en julio de 2022 en Buenavista del Norte. La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el presunto autor de los hechos, además de una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima.

El acusado no fue detenido hasta dos años después del crimen, ocurrido el 8 de julio de 2022 en una carretera del municipio tinerfeño. El Ministerio Público sostiene que el procesado habría preparado un plan para acabar con la vida del hombre debido a los conflictos personales que mantenían, entre ellos las desavenencias por la permanencia de la víctima en una vivienda propiedad del acusado y las deudas relacionadas con asuntos de drogas.

Según el relato de la Fiscalía, el sospechoso alquiló un vehículo en el aeropuerto de Tenerife Norte, como había hecho en otras ocasiones, y se desplazó desde su domicilio en Los Silos hasta una gasolinera de Buenavista del Norte, donde llegó alrededor de las 00.30 horas.

El Ministerio Público considera que el acusado sabía que la víctima todavía no había regresado a su domicilio y conocía el recorrido que debía realizar. Por ello, alrededor de las 00.45 horas comenzó a buscarlo hasta que, unos 40 minutos después, lo localizó caminando por una carretera próxima al desvío de la balsa de Taco.

De acuerdo con la acusación, el procesado interceptó al hombre, conversó con él y posteriormente continuó circulando hasta detener el vehículo y atacarlo por la espalda con una piedra de grandes dimensiones. La Fiscalía sostiene que le golpeó en cuatro ocasiones, provocándole un traumatismo craneoencefálico que acabó causándole la muerte.

La acusación añade que la víctima tenía sus capacidades defensivas anuladas por el consumo de estupefacientes y se encontraba en una zona deshabitada y sin iluminación, sin posibilidad de recibir ayuda de otras personas.

Tras el ataque, el acusado habría utilizado una garrafa de gasolina que transportaba en el vehículo para rociar el cadáver y prenderle fuego. Según la Fiscalía, con esta actuación pretendía eliminar posibles restos biológicos y dificultar tanto la identificación del cuerpo como la investigación de las circunstancias del fallecimiento. El fuego llegó a carbonizar la parte superior del cadáver.

El procesado cuenta con antecedentes penales por delitos de violencia de género, resistencia a la autoridad, falso testimonio y robo con violencia, por los que había sido condenado anteriormente a un total de seis años y medio de prisión.

Durante las sesiones del juicio está previsto que declaren una veintena de particulares, alrededor de 15 guardias civiles y otros tantos peritos. Entre las pruebas que se expondrán figuran garrafas de gasolina localizadas en el domicilio del acusado, grabaciones telefónicas y vídeos relacionados con la investigación.